Ya en noviembre de 2015 la Corte Suprema había decidido en contra de YPF, ordenando la publicación del contrato. Pero la empresa entregó el documento con extensas tachaduras. Un nuevo fallo judicial ratificó que debía entregarse íntegro. La última maniobra ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal fracasó, con lo cual la empresa y el gobierno no pudieron seguir eludiendo la obligación de publicar el acuerdo de Loma Campana, principal yacimiento de Vaca Muerta, el primero de 26 contratos entre YPF y Chevron.

Las autoridades macristas de YPF dieron continuidad a la estrategia legal del kirchnerismo, que con su habitual doble discurso planteaba que la petrolera no era estatal, sino una sociedad anónima, y que por ello no correspondía el derecho a acceder a información sobre organismos públicos. El jefe del equipo de abogados actual de YPF, Sebastian Mocorrea, se quejó del fallo: “Si cualquiera puede pedirle a YPF que entregue los contratos, todo el mundo puede saber cómo operamos” (Página12, 21/9). Así, se quieren mantener ocultos los mecanismos del saqueo.

Lo que los K intentaron ocultar

La divulgación del contrato completo confirma que Chevron es considerada “prestamista” de YPF. En tal condición, puede solicitar adelantos de pagos. Toda controversia contractual se dirimiría en tribunales de Nueva York y París, no en Argentina. Además, a Chevron no se le aplicaría ningún cambio en la legislación nacional que aumente los impuestos. Aún si se retirara del proyecto, durante los 35 años de duración de la concesión, la transnacional recibe el 50% de la producción de los pozos perforados conjuntamente con YPF. Incluso defensores del acuerdo consideran que uno de los inconvenientes de su divulgación es que otras empresas “podrán quejarse de que a Chevron les otorgaron mejores condiciones que a ellos” (Página12, 21/9).

Uno de los aspectos más turbios del pacto es la crea- ción de una cadena de empresas off shore para que Chevron pueda evadir posibles embargos que enfrenta como consecuencia de las demandas de indígenas y autoridades ecuatorianas por daños ambientales. Con este propósito se crearon empresas como Wokler Investment SA en Uruguay, YPF Shale Oil Holding Ltd radicada en Bermudas, YPF Shale Oil Investment LLC, con sede en el estado yanqui de Delaware, entre otras. Esa estructura también serviría para el retiro de ganancias de la empresa yanqui, así como posibles manejos corruptos.

Además, Cristina Fernández aprobó un Decreto de Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, totalmente a la medida de Chevron, un día antes de la firma del pacto, eliminando las retenciones al 20% de lo producido por las petroleras a partir del quinto año de la inversión. Estas medidas entreguistas tuvieron continuidad en el gobierno de Macri con la quita de las retenciones a los magnates exportadores del campo y de la minería.

Fuera Chevron

Es obvio que a gobiernos arrodillados ante las transnacionales no les conviene que se conozcan los detalles de estos negociados. El macrismo, que inicialmente declaraba a favor de publicar el pacto con Chevron, modificó su posición. A comienzos de marzo Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, se pronunció a favor de mantener el secreto, reciclando el derrapado argumento de Aníbal Fernández de que divulgar el contrato sería como hacer pública la receta de la Coca Cola. A tal punto coinciden los políticos patronales en este tema, que el Congreso aprobó recientemente una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, con apoyo de diputados del macrismo y el kirchnerismo, con disposiciones específicas para el ocultamiento de los contratos petroleros.

Izquierda Socialista siempre alertó sobre la gravedad de las condiciones pactadas con Chevron, reclamó que se hicieran públicos los términos del pacto y planteó que es necesario parar el saqueo y rescindir estos contratos alevosos. Hay que expulsar a las transnacionales y estatizar la industria petrolera. El petróleo debe estar en manos de una YPF 100% estatal bajo el control democrático de sus trabajadores, técnicos y profesionales.

El kirchnerismo lo impuso a sangre y fuego

El pacto con Chevron se aprobó en la legislatura de Neuquén en medio de una gran represión, el 28 de agosto de 2013. En su degradación sin límites, los diputados del Frente para la Victoria y sus aliados del MPN votaron a libro cerrado, sin conocer el texto del contrato. Simultáneamente, la policía arremetía a balazos y gases lacrimógenos contra la movilización popular en los alrededores de la legislatura, hiriendo con un balazo en un pulmón al joven Rodrigo Barreiro. Decenas más resultaron heridos. Mientras reprimía, el kirchnerismo denunciaba que el paro de los gremios era un “golpe institucional” de “la ultraizquierda y la derecha” (!) (El Socialista, 09/2013). La dirigente de Izquierda Socialista, Angélica Lagunas, quien formaba parte de la rotación de la banca del FIT en la legislatura neuquina, estuvo en la primera línea de la lucha contra el pacto.

Cristóbal López empantanado

Caso emblema de la delincuencia de cuello blanco, la empresa de Cristóbal López, Oil Combustibles, adeuda 8 mil millones de pesos por impuestos no pagados en cuatro años a la AFIP, y 3 mil millones de pesos en aportes de sus trabajadores a la Anses. Por crímenes mucho menores, cualquier persona estaría presa.

López amasó su fortuna a la sombra del kirchnerismo. Sin ningún tipo de fiscalización por parte de las autoridades, ganó y blanqueó millones con máquinas tragamonedas. Néstor Kirchner le extendió por quince años la concesión del hipódromo de Palermo, en 2007. En diciembre de 2013, con votos del PRO y el Frente para la Victoria en la legislatura de la CABA, se le otorgó una exención de impuestos a los ingresos brutos del casino flotante y las tragamonedas del hipódromo, incluso se le perdonaron 2500 millones que adeudaba en impuestos. Al pasar al sector de los hidrocarburos, el gobierno kirchnerista nuevamente le permitió evadir impuestos y promovió el crecimiento de su grupo empresarial Indalo, valorado en 650 millones de dólares, hacia el sector de los medios de comunicación. Con el dinero de los impuestos no pagados adquirió televisoras como CN23 y C5N, Radio 10 y otras emisoras, productoras de contenidos como Ideas del Sur y PPT (la propietaria del programa televisivo ultra K “6,7,8”), y periódicos como Buenos Aires Herald y Tiempo Argentino. A su vez, recibió cuantiosa publicidad oficial kirchnerista en esos medios. Tan estrecha es su relación con el peronismo K, que el grupo Indalo alquila oficinas de Cristina Fernández en Puerto Madero.

Ante la mengua en la transferencia de recursos estatales- ahora que los empresarios macristas se apropian de los negocios más jugosos- el grupo de López despide a centenares de trabajadores. Es escandaloso que semejante gángster capitalista siga libre, despidiendo y violando los derechos de los trabajadores en total impunidad. Ante el evidente riesgo de que López huya del país, debe ser encarcelado de inmediato; además exigimos que sean embargados sus bienes y cuentas, que se reviertan los despidos y se estaticen sus empresas.