Hace 15 días la CGT fijó un paro “sin fecha” que dependería de su reunión con el gobierno. Cuando su cúpula finalmente se juntó con algunos ministros (en una reunión en la que Macri ni siquiera se dignó a aparecer), el pedido fue más que tibio: desapareció de la agenda cualquier reclamo de reapertura de paritarias, siendo que este año ya se perdió entre un 10 y un 15% de poder adquisitivo por la inflación. Apenas se reclamó un “bono de fin de año”, junto con la exención del impuesto a las “ganancias” sobre el aguinaldo (esfumando el reclamo de la eliminación total del impuesto) y el pedido de la convocatoria de una etérea “mesa de diálogo”. La propia CGT informó que el gobierno se tomaría diez días antes de responder.

Que la CGT haya dejado de reclamar por la reapertura de paritarias es una auténtica claudicación. Cuantifiquémosla: las paritarias cerraron con un incremento de alrededor del 30%, pero la inflación anual va a terminar siendo del 45%. Si se reabrieran las paritarias y se ajustaran por la inflación faltante, cada trabajador recibiría, en promedio, alrededor de 2.600 pesos más por mes. Sumando todos los trabajadores privados en blanco bajo convenio son 17.000 millones de pesos. Este es el monto que la patronal se ahorrará mensualmente, es decir, lo que les está robando a los trabajadores. Lo que la burocracia de la CGT no sale a pedir, conformándose con un bono que, en el supuesto caso que se pague, significará muchísimo menos para las patronales (un bono de 750 pesos le significarán 5.000 millones, uno de 2.000 pesos 13 mil millones, en ambos casos por única vez).

Al cierre de esta edición todavía no se conoce la respuesta final del gobierno (cuando el lector reciba este periódico, tal vez ya se conozca), pero las afirmaciones de distintos funcionarios permiten avizorarla: no habrá bono universal, sino apenas un pago único para jubilados que cobran la mínima y perceptores de planes sociales (se habla de unos miserables 750 pesos). No habrá un peso para los estatales y se deja a criterio de las patronales el otorgar o no alguna suma fija en el sector privado.
A esto se agrega que la excepción al pago del impuesto al salario (Ganancias) sería sólo “para las categorías más bajas”, por lo que tampoco se universalizaría. En este planteo hay una “santa alianza” entre el gobierno nacional, los gobernadores provinciales (incluso los del Frente para la Victoria o del socialismo santafesino, que son los primeros que salieron a decir que “no tienen plata para pagar el bono”) y los empresarios, que ya anticipan en varios sectores que se negarán a hacerlo.

Ni aún con estas perspectivas la cúpula de la CGT anuncia el paro. La posición mayoritaria de la burocracia es tan claudicante que hasta Pablo Moyano ha salido a amenazar con irse de la central porque ya “no lo representaría”. A esto se suma la presión de las fracciones “díscolas” que están en plan de lucha, como los bancarios de Palazzo. No podemos descartar que desde estos sectores surja alguna medida, como un paro parcial, o una marcha junto con las CTAs, ante la inacción de la CGT.

En síntesis, el gobierno y los empresarios siguen adelante con el saqueo al salario y la CGT es cómplice. Hoy es más necesario que nunca el lanzamiento de un paro general y un plan de lucha hasta conseguir la reapertura de las paritarias. Desde el sindicalismo combativo, las listas opositoras a la burocracia en todos los gremios, los cuerpos de delegados y comisiones internas tenemos que pelear en este sentido, llamando a asambleas y pronunciamientos, a la vez que denunciamos el rol traidor de una burocracia que está dejando pasar el ajuste macrista en toda la línea.