El escenario fue el Teatro de la Ribera, al igual que en el caso de audiencia pública por el tarifazo del gas, el lugar amaneció vallado con un fuerte operativo policial, con el objetivo de evitar que se acercara cualquier manifestación. Adentro, la escenografía era patética: en el estrado, el ministro Aranguren y algunos de sus funcionarios junto a los representantes del Enre, hacían “como que” escuchaban y tomaban nota de las intervenciones de los oradores.

Arrancaron los presidentes de Edenor y Edesur, que con una caradurez extrema usaron 25 minutos cada uno para explicar, con profusión de diapositivas, porqué a pesar de que perdieron “mucha plata todos estos años” siguieron brindando “patrióticamente” el servicio. Plantearon que ahora, para “hacer nuevas inversiones”, necesitaban que se aplicara el nuevo tarifazo. Cada uno terminó su exposición y fue ovacionado por un coro de “aplaudidores” llevados especialmente para tal fin (ellos sí habían podido ingresar al teatro, en calidad de oyentes).

Una vez retirados los representantes de ambas empresas (y sus aplaudidores), se repitió la escena que vimos en la audiencia del gas: empezó una larguísima lista de asociaciones de consumidores, ex trabajadores de Segba, Defensores del Pueblo, e incluso usuarios individuales, con apenas 5 (o a lo sumo 10 minutos por orador) que hicieron miles de denuncias sobre las empresas. Se habló de la imposibilidad de pagar el tarifazo ya vigente (ni qué hablar del que se viene), se relataron las mil y una anécdotas del pésimo servicio y burla de las empresas hacia los usuarios, y de las multas que nunca se pagaron.

La audiencia tenía como objetivo proceder a la “Revisión Tarifaria Integral”. Esto implica que, dando por hecho el tarifazo de febrero pasado (que había implicado aumentos de entre el 400 y el 600%), se buscaba legitimar un incremento de entre el 56% y el 73% por encima de esos valores. Además pretenden fijar aumentos automáticos semestrales, siguiendo no sólo la pauta de la inflación sino también la del tipo de cambio. Sería la vuelta a una virtual dolarización de las tarifas como existió hasta el año 2001. Todo esto sin contar que se estaba discutiendo apenas el 40% del valor de la factura (distribución), ya que todavía falta otra audiencia donde se procederá a autorizar aumentos por los otros tramos (transporte y generación). Como contrapartida, Edenor y Edesur anunciaron un “plan de inversiones” (¡con la plata del tarifazo!) que en 2022 reduciría los cortes a “apenas” 15 horas anuales por usuario.

Desde Izquierda Socialista fuimos a la audiencia (ver exposiciones en esta página) planteando nuestro rechazo al tarifazo, exigiendo la rescisión de los contratos a Edenor y Edesur y señalando que la única salida pasa por la reestatización del servicio, poniéndolo a funcionar bajo el control, gestión y administración de los propios trabajadores de las empresas y las organizaciones de usuarios.

El planteo obedece a que un servicio esencial no puede quedar en manos de empresarios negreros y explotadores como Edenor y Edesur, que se han beneficiado con subsidios millonarios bajo el kirchnerismo y ahora con el tarifazo y los subsidios que también mantiene el gobierno de Macri. Estas empresas usan el dinero de los subsidios y el tarifazo para engordar las ganancias de sus grupos económicos mientras millones sufren un servicio deplorable y los cortes y apagones cotidianos.

Macri terminará autorizando los aumentos. Como siempre, será cuestión de seguir peleando en la calle, organizando nuevas asambleas de usuarios, presentando amparos colectivos, haciendo más cacerolazos y realizando movilizaciones de todo tipo, hasta conseguir que den marcha atrás con los tarifazos, echar a estas empresas ladronas y lograr la reestatización.

Juan Carlos Giordano: “Hay que reestatizar Edenor y Edesur”

Giordano denunció el argumento de que el tarifazo es necesario porque las empresas trabajan a pérdida. “Es una mentira total. Edesur ganó $1.324 millones en 2015 y ENEL (la italiana que tiene su mayoría accionaria) aspira tener ganancias por 4.000 millones de euros hasta 2019 en Latinoamérica y 17.300 millones de euros en el mundo. Son los mismos empresarios que tienen una megacausa por los apagones de 1999, 2010 y 2015”, agregó. Finalizó diciendo: “un servicio esencial no puede quedar en manos de empresarios negreros y explotadores. Hay que reestatizar Edesur y Edenor y todo el servicio eléctrico para ponerlo bajo control de sus trabajadores y usuarios. La única forma de poder brindar un servicio eficiente y accesible para millones”.

José Castillo: “Edenor compró Petrobrás”

El economista y dirigente de Izquierda Socialista denunció en la audiencia que no es cierto que las empresas trabajaron a pérdida todos estos años, y mucho menos que vayan a dedicar el dinero que obtengan del tarifazo a nuevas inversiones. “Edenor dice que se compromete a invertir en 5 años 20 mil millones de pesos pero su dueño, Marcelo Midlin, puso 900.000 millones para comprar los activos de Petrobrás. Ahí está la verdad del deterioro del servicio: quieren la plata para llevársela, como hicieron hasta ahora, para los otros negocios del grupo Pampa Energía. Lo mismo Edesur con la transnacional italiana Enel. Van a fugarse al exterior la plata que les saquen a los usuarios”, denunció Castillo.

Laura Marrone: “Hay un 34% de pobres energéticos”

La legisladora porteña electa de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda denunció que cada vez más usuarios tienen que optar entre dejar de comer, comprar remedios u otros productos esenciales para poder pagar las tarifas.

Se refirió al concepto de “pobre energético”, que define a toda persona que tiene que destinar más del 10% de su ingreso a abonar las facturas de luz, gas y agua. “Con sueldos promedio de 8.000 pesos, el 34% de los argentinos cae en esta categoría”, afirmó Marrone. “Esto empeorará con empresas que piden incrementos de tarifas de entre el 50 y el 70%, mientras que a los trabajadores se les fija una pauta para sus paritarias de apenas el 17%”.

¡Una concesión por 95 años!

Al presidente de Edenor no se le cayó la cara de vergüenza cuando reivindicó en su intervención que la concesión otorgada por la privatización en 1992 era por 95 años. ¡Un escándalo! Ese sólo dato daría para exigir que ya estuvieran presos los que la otorgaron, los que la sostuvieron estos años y los empresarios delincuentes que se beneficiaron. Más aún si recordamos que ya llevan 24 años de servicios de pésima calidad y maltrato al usuario, mientras se embolsan tarifas y subsidios. Pasamos de la “década ganada K” al “siglo ganado” por estos delincuentes de guante blanco. La herencia del peronismo, continuada ahora por el macrismo.

El drama de los electro dependientes

Hubo varias intervenciones que expusieron la terrible situación de las personas cuya vida depende de estar 24 horas conectados a un aparato médico que funciona con corriente eléctrica. Vergonzosamente a la mayoría de ellos ni siquiera se los tiene en cuenta para la tarifa social (esto es lo que reclaman), debiendo enfrentar facturas que superan los 4.000 pesos. Además de los cortes frecuentes los obligan a proveerse de pilas especiales y generadores muy costosos. ¡Nos cobran por respirar!, explicó gráficamente la madre de una niña electrodependiente.

Denuncia de ex trabajadores de Segba

Viejos técnicos de la empresa, gradueados de la escuela que durante décadas preparó a los trabajadores de Segba, recordaron que ellos formaron a los nuevos gerentes que llegaron con la privatización: “no sabían nada de nada”. Además explicaron que en las épocas de la empresa estatal las reparaciones se hacían cambiando lo deteriorado, mientras que ahora sólo se hacen “empalmes” que automáticamente se recalientan y vuelven a producir cortocircuitos. Denunciaron además la feroz campaña de desprestigio que se hizo en su momento contra la ex Segba estatal para justificar el robo con la privatización de los ‘90.

Esos viejos trabajadores de Segba demostraron en la práctica porqué ellos podrían hacerse cargo de la gestión de esas empresas, en lugar de los empresarios sinvergüenzas actuales.