A lo largo de 2016 la burocracia de la CGT cumplió a rajatabla su rol de garante de la gobernabilidad. Mientras las políticas de Macri provocaban miles de suspensiones y cesantías, los salarios eran pulverizados por la inflación, se producían los tarifazos, e incluso se vetaba cualquier mínima legislación que pusiera límite a los despidos y se prohibía la reapertura de paritarias, la cúpula cegetista tiraba la pelota afuera. Primero fue la excusa de que “había que esperar la unificación de la central obrera”. Una vez producida ésta en agosto, fue que había que esperar a citar al plenario de secretarios generales. Finalmente se lanzó el insólito “paro sin fecha”. De allí en más se dijo que había que esperar “la reunión con el gobierno” y cuando ésta se produjo, ni siquiera plantearon la reapertura de paritarias, sino apenas un bono miserable que, todavía hoy, no queda claro quien lo cobrará. Mientras tanto, se dejaban aislados a los gremios que estaban saliendo a pelear, tal el caso de los profesionales de la salud, los bancarios, o los docentes. En síntesis, la burocracia de la CGT mantuvo durante todo el año su tregua con el gobierno. Lo mismo hizo, a su medida, la CTA y los gremios que dirige (Ctera y ATE), con paros, marchas y actos aislados, sin unificar nunca la pelea.

Desactivado el paro y ya que “algo había que hacer”, todo terminó en un acto frente al Congreso el viernes 18, convocado conjuntamente por la CGT y una serie de movimientos sociales: Movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clásica y Combativa - CCC, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular - CTEP. Éstos vienen participando de una mesa de diálogo junto al gobierno y a la Iglesia y las Pymes.

Fue “una lavada de cara” de la política de la CGT en medio de la tregua con el gobierno, más allá de la justeza de los reclamos de los miles de desocupados y perceptores de los distintos planes sociales (los montos de los planes efectivamente son de hambre). Se trató de un evento donde se le reclamaba al Congreso (y no directamente al gobierno de Macri) que votara la ley de “emergencia social” de los senadores del FPV, donde brillaron por su ausencia el reclamo de la reapertura de paritarias e incluso el de trabajo genuino para los trabajadores desocupados.

Se trató de una de las últimas acciones del año de una burocracia ligada al PJ en sus diversas alas y por lo tanto comprometida con “garantizar la gobernabilidad”, siguiendo ya sea la estrategia de Sergio Massa o bien las necesidades propias de los gobernadores peronistas, que llevan adelante, al igual que Macri, sus propios ajustes provinciales. Siendo parte, además, de todo el armado de “pacificación y llamado al diálogo social” que viene organizando la Iglesia Católica, con la activa participación del Papa Francisco.

Claramente, no es esto lo que la clase trabajadora necesita. Hace falta un paro general y un plan de lucha para pelear por un aumento de emergencia y por la reapertura de paritarias hasta llevar los salarios al valor de la canasta familiar. Será tarea del sindicalismo combativo, de los cuerpos de delegados, comisiones internas ganadas a la burocracia y de las listas opositoras seguir la pelea por estas exigencias a la CGT , a la vez que nos coordinamos para que nuestra lucha tenga cada día más fuerza y nuestros conflictos no queden aislados.