En la provincia sólo queda el 3% del bosque nativo. Desde la sanción de la Ley de Bosques nacional se desmontaron 5.578 hectáreas protegidas por esa normativa. Con la nueva legislación buscan “blanquear” el desmonte ejecutado (el ilegal y el autorizado) y así permitir actividades económicas intensivas en bosques donde hoy están prohibidas. La actual “Ley de Bosques” que rige en Córdoba fue producto de la manipulación del gobierno luego de un largo proceso de discusión democrática de cientos de organizaciones ambientalistas, nucleadas en la Cotbn (Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo). En la sesión que la debía votar, el Gobierno modificó a última hora el proyecto de la Cotbn, a pedido de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y la Sociedad Rural, permitiendo la sanción de esta ley. Así lo dijimos en 2010 con nuestra legisladora Liliana Olivero, que denunció: “la Ley que van a aprobar es la Ley del Desmonte”.
Por una nueva ley democrática, participativa y de protección del bosque nativo
La enorme movilización que frenó este proyecto surgió del repudio popular al desastre ambiental, pero fundamentalmente de la organización y coordinación de numerosas asambleas ambientales y el apoyo de organizaciones políticas como el Frente de Izquierda. A esto se suma la crisis interna del peronismo cordobés, que tomó relieve tras la discusión de la ley de ganancias. De la Sota utilizó la figura de “Doña Jovita” -una querida y reconocida viejita serrana ligada al peronismo que desde hace décadas encarna un famoso actor cordobés-, como parte de esta interna, provocando un gran impulso de la movilización y la furia de terratenientes y del gobierno. Luego de este golpe, Schiaretti se prepara para volver a llevar el proyecto a principios de año, pero buscando el consenso de la oposición que le hace críticas parciales pero acuerda con la necesidad de profundizar el saqueo. La Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo que se ha formado, y de la cual Izquierda Socialista forma parte, tiene ahora el desafío de lograr la organización y movilización que entierre definitivamente este proyecto y lograr una nueva ley de bosques que declare la Emergencia Ambiental, el presupuesto provincial para las remediaciones del territorio devastado, la prohibición del desmonte, y que actualice el mapa provincial de bosques. Con estos objetivos el 1 de febrero, ante la apertura de las sesiones legislativas, volveremos a realizar una gran movilización, como así también este 28 de Enero en el Valle de Punilla.