Además, dispone la renacionalización del sistema educativo, para que el gobierno nacional se haga responsable de todas las escuelas del país y del pago de los salarios de todos los docentes, imponiendo el nombramiento inmediato de todos los cargos docentes y no docentes que estén vacantes, así como las inversiones en infraestructura necesarias. Para todo ello se crearía una partida presupuestaria de emergencia, con recursos provenientes de la suspensión de los pagos de la deuda externa e impuestos especiales a los grandes capitales. Además, se establece la eliminación de los subsidios a la educación privada, la cual se incorporaría al sistema educativo público con la absorción de todo su personal y el reconocimiento de todos sus derechos laborales. Las obras sociales pasarían a funcionar bajo control de los trabajadores y jubilados docentes, garantizando la devolución de los fondos incautados por los distintos gobiernos.

Esta iniciativa forma parte del apoyo del FIT a la lucha de los docentes por sus derechos laborales y en defensa de la educación pública, por eso estas propuestas también son impulsadas por el sindicalismo combativo, como el reunido en ATEN-Capital, Ademys y los Suteba multicolor. El proyecto representa una perspectiva totalmente opuesta a la farsa de la “revolución educativa” de Macri, con la que se fomenta la educación privada, en beneficio de los negociados de los empresarios amigos del gobierno y la Iglesia Católica, dando continuidad a la orientación privatista y de ataque a los derechos de los docentes que inauguró la dictadura, luego se profundiza con Menem en los 90 y a la que dieron continuidad los subsiguientes gobiernos. Hoy, tal y como antes lo hizo el kirchnerismo, Macri y Vidal atacan a los docentes y los responsabilizan de la crisis educativa, pero los únicos responsables del desastre son los gobiernos, que convierten a la educación en un negocio capitalista más.