El gobierno de Macri ha mostrado nuevamente su veta corrupta en el caso de las concesiones de las rutas de cabotaje a un puñado de empresas privadas. Desbaratando el falso discurso acerca de su interés en la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el macrismo ha autorizado este mes el ingreso de las empresas Alas del Sur, American Jet y Andes a 41 rutas, 22 nacionales y 19 internacionales, por 15 años. Sus planes contemplan la entrega de un total de 135 rutas, y aunque se ha publicitado la operación como la apertura a vuelos “low cost”, la verdad es que la enorme mayoría de las concesiones no son para vuelos de este tipo, relativamente más baratos si los pasajes se adquieren con suficiente antelación y que no incluyen servicios como llevar equipaje o comidas y bebidas a bordo. Estos servicios se cobran aparte y pueden elevar el costo del viaje por encima del costo de un pasaje convencional. Los verdaderos beneficiarios de este plan no son los usuarios, que hoy pueden acceder a precios similares en Aerolíneas Argentinas si compran su pasaje con antelación suficiente, sino un grupo de empresarios corruptos, muchos de los cuales ni siquiera tienen empresas de aviación, entre los que se cuentan allegados del gobierno y de la propia familia Macri, lo que ha generado un nuevo escándalo.

Macri y Quintana con las manos en la masa

De las 135 concesiones, 78 estaban destinadas a Flybondi y 16 a Avianca, pero la entrega a estas dos empresas quedó en suspenso al hacerse públicos sus vínculos con el presidente Macri y el coordinador de la jefatura de gabinete, Mario Quintana. Resulta que el dueño de Flybondi es Richard Guy Gluzman, quien fue vicepresidente de la empresa Pegasus Argentina, de la que Quintana era presidente.

El grupo Macri, por su parte, había vendido en marzo de 2016 la empresa MacAir a la colombiana Avianca por un monto secreto. La filial argentina de Avianca se denominó Avian, y mantuvo al mismo CEO de MacAir, Carlos Colunga, quien además de su relación de negocios con los Macri es un amigo personal de la familia, pues durante años fue el piloto personal de Franco Macri. El director general de logística de la presidencia, Carlos Cobas, también es socio de Colunga en la empresa Patagonia Flight Services, y de Diego Colunga (hijo) en AJS Jet. Por si fuera poco, Unicos Air, de los Colunga, ganó la licitación para ofrecer vuelos privados a la presidencia.

El 1º de marzo, el fiscal Jorge Di Lello inició una investigación penal contra Macri y su padre, el ministro Dietrich, Carlos Cobas, Carlos Colunga y Fernando de Andreis, secretario general de la presidencia, entre otros, por este caso. Posteriormente imputó también a Quintana. Los presuntos delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra el Estado y tráfico de influencias. Macri ya tiene en curso imputaciones por los casos del Correo Argentino, el de las omisiones en su declaración jurada a la luz de los Panama Papers, el blanqueo a familiares de funcionarios y el acuerdo de inversiones entre Anses y el gobierno de Qatar. También está bajo investigación la contratación de vuelos privados por parte de Macri en vez de utilizar la flota presidencial o contratar a Aerolíneas Argentinas o Austral.

Por una Aerolíneas Argentinas estatal y bajo la gestión de sus trabajadores

Mientras el gobierno trata de encubrir su entreguismo y corrupción con la ilusoria oferta de que se podrá conseguir pasajes más baratos, lo cierto es que el camino para garantizar viajes a bajo costo y la conectividad del país es el opuesto al transitado por Macri. Se trata de terminar con la privatización de las rutas de cabotaje, garantizando su monopolio por parte de una Aerolíneas Argentinas estatal, gestionada por sus trabajadores. Solo de esa manera se colocarán estos importantes recursos humanos y materiales al servicio de la integración territorial y de que los trabajadores y los sectores populares puedan viajar a bajos precios.