El femicidio de Chiara Carmona en 2015 marcó un punto de inflexión para el movimiento de mujeres en Argentina y, tal vez, en el mundo. La indignación por el asesinato de esta joven de solo 14 años y embarazada, en manos de su pareja, también adolescente, dio lugar a la consigna del #NiUnaMenos que fue tomada en todo el mundo luego de que ese primer 3 de junio convocara a centenares de miles de personas en todas las plazas del país. Desde ese momento, el reclamo por el fin de los asesinatos de mujeres por ser mujeres comenzó a incluir otros reclamos que se enmarcan dentro de la misma lógica de la violencia patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Por eso, en 2016 fueron miles también las mujeres que marcharon exigiendo y logrando la libertad y absolución para Belén, la joven tucumana presa por un aborto espontáneo pero condenada en primera instancia por homicidio, en una causa impulsada por médicos y personal judicial, todos referenciados de la iglesia católica. También comenzó a hacerse visible el problema de la discriminación laboral de las mujeres cuyo reconocimiento dio lugar al gran paro mundial de las mujeres el 8 de marzo de 2017, día internacional de las mujeres trabajadoras.

Pero, aunque funcionarios y dirigentes referentes de todos los partidos patronales y hasta burócratas sindicales aprovecharon para sacarse una foto con carteles alusivos en cada fecha, lo cierto es que la realidad de las mujeres sigue siendo gravísima. Mientras que en 2015 se registraba un femicidio cada 26 horas, en lo que va de 2017, los números han empeorado: un femicidio cada 18 horas. Por eso tuvimos que salir nuevamente a la calle por Micaela García, la joven entrerriana violada y asesinada. Lo mismo ocurrió con el caso de Araceli Fulles y de muchas otras mujeres más.

En todas las situaciones se pudo ver el rol de la justicia patriarcal, la policía, el gobierno y hasta los medios de comunicación, encargados de culpabilizar a las víctimas, justificando las desapariciones y las muertes por el estilo de vida de las mujeres, sus edades, su vestimenta y cualquier otra excusa. Y esos mismos papeles se pueden ver en un caso como el de Higui, la mujer lesbiana pobre y presa por haber matado en defensa propia cuando estaba por ser violada por un grupo de varones que ya la habían atacado en ocasiones anteriores.

Hay responsables políticos de nuestros femicidios

A dos años del primer 3 de junio, está claro que las fotos con cartelitos de #NiUnaMenos no son suficientes. Es más, mientras el gobierno nacional siga invirtiendo poco más de 4 pesos del presupuesto nacional por mujer para desarrollar las políticas de prevención y asistencia, nada va a cambiar. Lo mismo ocurre con los gobiernos provinciales. Tampoco se va a solucionar el problema de la violencia de género con más represión como intentan hacernos creer los mismos que dejan impunes a femicidias, violadores y violentos. Estamos cansadas de salir a la calle cuando desaparece una joven o matan a una mujer. Estamos hartas de salir a reclamar justicia por las mujeres muertas o presas por defenderse ¡Queremos respuestas ya! El gobierno es responsable de la situación de las mujeres, por eso, el próximo 3 de junio tenemos que ser miles en las calles reclamando no solo que dejen de matarnos, sino que se declare inmediatamente la emergencia en violencia de género y que se destine el presupuesto necesario para el cumplimiento de la ley 26.485 de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Plata hay. La usan para pagar la deuda externa, financiar a la Iglesia Católica y darles negocios a sus amigos. Nosotras queremos el presupuesto para que se abran ya los refugios y los centros de atención psicológica y legal para las mujeres. Necesitamos trabajo genuino y créditos con tasa cero para que las mujeres tengan autonomía y puedan salir del círculo de la violencia.