La crisis política brasileña se agrava día a día. El presidente Michel Temer tiene varias acusaciones penales, todas relacionadas con coimas de grandes empresarios. En la causa por “financiamiento ilegal” de su campaña electoral, cuando fue electo en el 2010 como vicepresidente de Dilma Rousseff, fue absuelto junto con Dilma en un fallo dividido del Tribunal Supremo que celebraron tanto en el PMDB como en el PT. Mientras tanto sigue en pie la acusación principal (denuncia hecha por el diario O’Globo) en base a las grabaciones realizadas por un empresario, en las cuales el mandatario aprueba el pago de sobornos a su antiguo aliado Eduardo Cunha –ahora preso– para “mantenerlo mudo”.

En un mensaje a la nación, Michel Temer volvió a decir que no renunciará. Sacó el ejército a la calle el 25 de mayo para enfrentar la “ocupación” de Brasilia por manifestantes. La policía había sido puesta en retirada por la combatividad de los más de 100.000 trabajadores y jóvenes. La represión causó 50 heridos. La sola imagen del ejército en la calle aumentó la enorme indignación social contra el gobierno, que está por debajo del 5% de popularidad.

Los intentos de acuerdo entre los principales partidos (PMDB, PSDB y PT) para cerrar la crisis con una renuncia o destitución parlamentaria de Temer (impeachment) y el nombramiento por el Congreso de un nuevo presidente provisional que aplique la flexibilización laboral y la reforma de las jubilaciones que exige la burguesía, con el argumento de buscar “estabilizar” la economía, han fracasado. Siguen las acusaciones mutuas y Temer se niega a dejar su cargo. Que el diario O’Globo, vocero de la derecha empresarial, haya echado leña al fuego, muestra las profundas divisiones de la burguesía. Y la razón de fondo de que fracasen los intentos “acuerdistas” es que se ha mantenido la movilización y el repudio popular no solo contra el presidente Temer sino también contra el conjunto del sistema político corrupto al servicio de las grandes empresas.

Nueva huelga general

La gran huelga general, de mas de 35 millones de trabajadores del 28 de abril no tuvo continuidad en nuevas medidas, pero la presión continuó en los lugares de trabajo, de estudio y en la calle, como la movilización en Brasilia, que obligó a las centrales sindicales burocráticas a acordar una nueva medida de fuerza, tal como venían proponiendo la izquierda y las centrales combativas. Así, el 5 de junio las centrales nacionales CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Nova Central, Intersindical y CSP-Conlutas acordaron manifestaciones en todo el país para el 20 de junio y una nueva huelga general el 30. Las centrales burocráticas, ligadas al PT, como la CUT, intentarán nuevamente que la huelga sea una acción aislada de presión para lograr negociar y fortalecer su proyecto, la candidatura de Lula para el 2018, pese a estar el también alcanzado por los escándalos de corrupción. Por eso han espaciado las convocatorias a medidas de fuerza, con más de dos meses entre huelgas generales, no quieren que Temer caiga ya, como claman la mayoría de los trabajadores.

¡Fuera Temer y las reformas!

La posibilidad de la caída del gobierno en medio de la movilización y sin que los capitalistas tengan un claro recambio, está abierta desde hace semanas. La huelga general del 30 de junio, arrancada por presión de las bases, muestra la disposición de lucha de millones de trabajadores y jóvenes, que tiene que concretarse en una poderosa acción que golpee decisivamente al débil Temer y a todo el régimen.

La Corriente Socialista de los Trabajadores (CST, sección de la UIT-CI y corriente del PSOL), plantea que hay que derrotar las reformas antipopulares, al gobierno Temer y al propio Parlamento, que es tan odiado como el presidente. Por eso, en la perspectiva de la lucha por un gobierno de izquierda, de los trabajadores y el pueblo, propone la construcción de una alternativa política combativa y anticapitalista, comenzando por un encuentro de las organizaciones de izquierda PSOL, PSTU, PCB, MAIS, NOS, de la izquierda estudiantil y de las centrales obreras combativas, como CSP Conlutas, y la Intersindical, que debería construir un programa económico alternativo para el país, que contemple la suspensión del pago de la deuda interna y externa, canalizando esos recursos para las áreas sociales; estatizando el sistema financiero y las empresas envueltas en corrupción; defendiendo la reducción de la jornada de trabajo semanal de 40 horas, sin reducción del salario, para evitar la desocupación; el aumento semestral salarial que compense la inflación; congelamiento de los precios de la canasta básica y de las tarifas de agua, luz, combustibles y transportes; entre otras medidas construidas colectivamente en dicho encuentro nacional.