El proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en Santa Cruz es un gran negociado. Es parte de un paquete de 24.000 millones de dólares pactado entre los chinos, el gobierno nacional de Macri, el provincial de Alicia, las cámaras del sector y la burocracia de Gerardo Martínez. El presidente Macri, que estaba “en contra” de la represa, deja de lado la “herencia recibida”, se olvida del corrupto De Vido que licitó esta megaobra y da luz verde a este multimillonario negocio capitalista. Y sin olvidar que Franco Macri es consejero senior de los inversionistas chinos, por lo que también el padre del presidente es parte de estos negociados. El costo de la megarrepresa representa 4.700 millones de dólares. La empresa Electroingeniería, relacionada a Julio De Vido y al kirchnerismo, también será de la partida y recibirá su tajada del emprendimiento. Dejan cualquier “diferencia” en pos de repartirse una torta multimillonaria.

El impacto ambiental de la obra será enorme. El Conicet dijo que el estudio ambiental fue adulterado, que la obra pone en riesgo los glaciares, como el Perito Moreno, Upsala, Spegazzini. Es un informe incompleto, viciado, falta información, hacen falta nuevos análisis. ¿Por qué no se convoca a los expertos? Los científicos, ingenieros y técnicos de CNEA y ONG. ¿Por qué no se los consultó a ellos? Hay apuro en llevar adelante la obra y gran ocultamiento por lo que representa este gran negociado, no importa si van a contaminar y destruir nuestros recursos naturales envenenando a nuestro pueblo.

Seamos claros: estamos a favor de tener energía. Pero al servicio de un proyecto de desarrollo para los trabajadores, sectores populares y la producción nacional. Y para esto hay que independizarse de las multinacionales, los banqueros y el gran capital. Para que la energía no sea un gran negocio sólo de Repsol, Chevron, Barrick Gold y las multinacionales. Se trata de un recurso estratégico que no puede estar en manos privadas. Es el Estado quien debe desarrollar el sistema energético, bajo control de los trabajadores, técnicos, científicos, asociaciones ambientalistas, poblaciones y pueblos originarios involucrados y de los propios usuarios.