El resultado de la elección se conocía de antemano, los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente son oficialistas. En la fraudulenta elección no participaron la MUD ni la oposición de izquierda. Sin embargo el autogolpe de Maduro ha quedado debilitado por la persistencia de la lucha popular en los barrios más pobres del país. Desesperado por ocultar la abstención, el Consejo Nacional Electoral unificó varios centros de votación en las instalaciones del Poliedro de Caracas, un estadio techado, para poder mostrar imágenes con colas de votantes; el ingenio popular respondió con la consigna “el Poliedro no es Venezuela”. Concluido el proceso, el gobierno fabricó la cifra de 8 millones de votantes, un 41,4% de los 19,5 millones de votantes inscritos en el padrón electoral. La inverosímil cifra representa cien mil votos menos que los obtenidos por Chávez en las elecciones de 2012 y 2,4 millones más que los recibidos por el chavismo en 2015. La firma independiente Torino Capital, dirigida por un ex funcionario chavista, en base a encuestas realizadas en más de cien centros electorales, estimó la abstención en 82%.

Un fracaso estrepitoso, tomando en cuenta que muchos votantes asistieron bajo presiones terribles. Maduro había instruido públicamente a los directores y gerentes de empresas estatales y ministerios a pasar lista con las nóminas de empleados en los centros de votación. El ridículo incidente de Maduro ante las cámaras de televisión intentando escanear su “carnet de la patria” para registrar que había votado tenía un trasfondo siniestro: era un mensaje para millones de personas que portan ese carnet, indicándoles que si no votaban serían objeto de represalias. El “carnet de la patria” es un requisito para poder acceder a redes de distribución de alimentos subsidiados, y en tal sentido una herramienta de extorsión.

La ANC impuesta a sangre y fuego

Miles de pobladores de los sectores más castigados por el ajuste hambreador de Maduro desafiaron a la represión y al llamado de la MUD de no obstaculizar la elección. Los militares fueron expulsados de varios centros de votación y los materiales electorales quemados por la población. Entre la noche del sábado y el domingo, los cuerpos represivos y los paramilitares asesinaron a 16 personas, con lo cual el saldo supera los 121 muertos y 2.000 heridos. Las cifras oficiales de la Fiscalía General atribuyen el 25% de las víctimas fatales a los cuerpos policiales y militares, y el 40% al paramilitarismo chavista. El porcentaje restante corresponde a víctimas accidentales, como las ocho personas electrocutadas durante un saqueo en Caracas en abril, y un pequeño porcentaje a paramilitares, policías y militares ajusticiados en los enfrentamientos.

La oposición a Maduro es de un amplio espectro. La fiscal general, Luisa Ortega, chavista, denunció la ilegalidad de la ANC y manifestó que la desconocería como un acto de fuerza contra el orden legal. El secretario general de la federación de trabajadores petroleros, el sindicalista revolucionario José Bodas, denunció la elección fraudulenta y las presiones contra los trabajadores para que votaran, llamando a la abstención. Lo mismo hicieron sindicatos como Sirtrasalud y SinatraUCV. Sectores del chavismo, como Marea Socialista, también llamaron a la abstención. El Partido Socialismo y Libertad (PSL), de la oposición de izquierda, repudió la elección y llamó a mantener la movilización popular de manera independiente hasta lograr la salida de Maduro e imponer un programa económico alternativo partiendo del no pago de la deuda externa, la nacionalización de la industria petrolera y el restablecimiento de las importaciones de alimentos y medicinas. La oposición patronal agrupada en la MUD siguió apostando hasta el último minuto a negociaciones con el gobierno con la mediación del Vaticano y el ex presidente español Rodríguez Zapatero. Ello fue funcional a Maduro, que impuso la ANC y pocas horas después envió a la cárcel militar de Ramo Verde al alcalde de Caracas Antonio Ledezma, y al dirigente de la MUD Leopoldo López, quienes estaban bajo un régimen de prisión domiciliaria.

El gobierno instalará esta semana esta ANC plenipotenciaria, de duración indeterminada, sin oposición, entre cuyas primeras tareas está la disolución del Parlamento y la remoción de la fiscal general. Pero no logra derrotar las protestas y es evidente que se ha ganado el odio de más del 80% de la población.

Contra la barbarie madurista, una salida popular y obrera

Es evidente que un gobierno que impone el pago de la deuda externa a costa del hambre, que pacta con las transnacionales el saqueo de los recursos naturales y cuya columna vertebral son los militares, no puede considerarse de izquierda ni mucho menos “socialista”. Debe ser repudiado por todos los luchadores y activistas honestos de América latina y el mundo. Tampoco tiene nada que ofrecer al pueblo venezolano la MUD, una dirección política que no se ha opuesto al ajuste madurista, que ya gobernó en el pasado con resultados desastrosos y cuyo programa para hacer frente al pago de la deuda externa pasa por mayores privatizaciones. La MUD no cuestiona el saqueo petrolero que lleva adelante Chevron, ni la presencia de Barrick Gold. Apuesta a aprovechar las protestas para presionar por la realización de negociaciones, pero al mismo tiempo intenta frenar la lucha espontánea que libran millones en los principales barrios del país, pues le preocupa la “gobernabilidad” posmadurista. Pese a todo, las protestas populares siguen con una enorme contundencia.

La apuesta imperialista por la negociación

El ex presidente español Rodríguez Zapatero es mediador entre el gobierno y la MUD desde el año pasado. Cuenta con el aval de la Unasur y la OEA. EE.UU. en varias ocasiones se ha pronunciado en apoyo a sus gestiones. Los socialistas revolucionarios repudiamos toda injerencia yanqui y somos los primeros en exigir la expulsión de Chevron y el desconocimiento de la ilegítima deuda externa con los acreedores de Wall Street, al tiempo que denunciamos la línea de una “negociación” por arriba para impedir que sea la movilización popular la que saque a Maduro, garantizando una salida pactada entre la MUD y la dirigencia gubernamental. El 29 de julio, Rodríguez Zapatero publicó una carta en la que admite haber sostenido negociaciones con el gobierno y la MUD durante las últimas semanas. “Me reafirmo en que únicamente la negociación, la concertación y el acuerdo pueden dar una salida a la grave crisis que vive Venezuela…”, asegura, afirmando que los temas sobre los cuales está pendiente acordar son la fijación de un cronograma electoral, la liberación de presos, la rehabilitación del Parlamento, un funcionamiento de la ANC acorde con las leyes y el fin de las protestas “violentas”, que millones siguen librando espontáneamente. Mientras Maduro avanza en sus medidas dictatoriales, las negociaciones le son útiles, como lo fueron el año pasado para bloquear el referendo revocatorio.