tiene dos condenas penales, una a siete años de prisión y catorce años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos por contrabando de armas agravado a Croacia y Ecuador, y otra de cuatro años y medio de prisión por malversación de fondos públicos, el máximo tribunal consideró que la inhabilitación resultaba insostenible por contener “graves defectos jurídicos”. ¡No es ficción!, apela a una cuestión de forma para beneficiar con la impunidad a un delincuente que, además, hizo explotar la Fábrica Militar de Río Tercero para borrar huellas de su delito. No se puede esperar otra cosa de la Justicia al servicio de los ricos y poderosos.
Escribe Claudio Funes