De acuerdo con la definición de la ONU, la desaparición forzada de personas es efectuada por parte de “agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto” para luego “negar a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad”. La desaparición forzada “en democracia” comparte puntos en común con las que se dieron en la dictadura; se niega la desaparición, los gobiernos no arbitran inmediatamente los mecanismos de búsqueda y se defiende a capa y espada a cualquier institución represiva que pueda ser vinculada con este crimen, para así evitar develar la responsabilidad gubernamental. Eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Macri con la desaparición de Santiago Maldonado.
No fue el único caso desde 1983 a la fecha. En agosto de 1993 Miguel Bru, estudiante de periodismo en La Plata, fue detenido por la policía bonaerense del gobernador Duhalde y torturado hasta morir en una comisaría. Su cuerpo nunca apareció. Otro caso emblemático fue el de Julio López, que había sufrido la persecución, detención y tortura durante la dictadura y fue desaparecido por segunda vez en 2006, durante el gobierno kirchnerista, cuando atestiguó contra el genocida Etchecolatz. Otro caso que tuvo resonancia fue el de Luciano Arruga, que representa la vulnerabilidad de los jóvenes, sobre todo de quienes provienen de los estratos sociales más bajos. A Luciano, de 16 años, lo desapareció la policía bonaerense en 2009. Años después, luego de una gran campaña denunciando su desaparición y la complicidad del gobierno, su cuerpo fue identificado en Chacarita donde había sido enterrado como NN.
Pasan los gobiernos, la impunidad continúa.
Escribe Martín Fú