Los sindicatos argumentan que el otorgamiento de esas rutas “asfixia financieramente a las empresas que ya están operando en el país, mientras les cercena desmesuradamente sus ingresos abriendo nuestro mercado aerocomercial en forma indiscriminada a numerosos nuevos explotadores a los que se les otorgan cientos de nuevas rutas, la mayoría superpuestas con las operadas por empresas nacionales”.
En el comunicado difundido por los gremios, señalaron que la expansión en el área “no podrá ser soportada” por el “colapsado sistema de seguridad operacional de tráfico y control aéreo”.
“Esos nuevos empresarios aerocomerciales tampoco quieren, como UBER, cumplir con nuestras leyes laborales: flexibilizan las normativas de seguridad aérea en sus empresas, se niegan a suscribir convenios colectivos de trabajo, insisten en pagar salarios mínimos y en precarizar a sus trabajadores. Lo cual, de concretarse, inevitablemente se extenderá por exigencias competitivas al resto de las empresas y los trabajadores aeronáuticos argentinos”.
Mientras tanto, el juez Sergio Torres sigue investigando al presidente Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Juan Pedro Irigoin y otros funcionarios por la concesión de rutas a Avianca, que previamente le compró Macair a la familia presidencial.
El objetivo del gobierno es claro: quitarle rutas a Aerolíneas Argentinas a favor tanto de las transnacionales que ya operan en el país (como el grupo Lan) como de estos nuevos buitres que lucran con la seguridad de los pasajeros y la explotación de los trabajadores aeronáuticos.
Escribe Claudio Funes