El impuesto a los ingresos brutos es la principal fuente de recaudación en la mayoría de las provincias. Es un impuesto que pagan las empresas, los comercios y los profesionales cuando facturan. Muchos especialistas dicen que es fácilmente trasladable a precios. Es cierto. Pero el gobierno miente cuando dice que bajando la tasa de 1,75% a 1,50 va a beneficiar a los trabajadores y los sectores populares. ¿Acaso las empresas van a bajar los precios de los artículos de consumo popular en ese monto? ¿Quién los va a controlar? Efectivamente, la baja del impuesto irá al bolsillo de los empresarios: los trabajadores no verán ni un centavo de esta reducción.

La contrapartida es el aumento del impuesto inmobiliario. Se plantea una suba de 56% para las propiedades urbanas y de 50% para las rurales. Lo primero que debemos es decir que este impuesto está fuertemente distorsionado. Porque lo que terminará pasando es que los vecinos que viven en barrios populares y que son propietarios de su “casita” o pequeño departamento sufrirán un nuevo guadañazo a su bolsillo. Hoy una casa modesta paga anualmente un promedio de 1.500 pesos anuales de impuesto inmobiliario: con el aumento pasará a pagar 3.000. Mientras para los propietarios de countries, viviendas de lujo en las zonas acomodadas y empresas ese impuesto no les significa prácticamente nada en sus ingresos, para un trabajador será una boleta más, un “tarifazo” extra, que se suma a la luz, el gas y el proyectado aumento del transporte público.

En síntesis, esta reforma impositiva tiene una sola definición: favorecer a los empresarios y perjudicar a los trabajadores y a los vecinos de los barrios. Lo que se debe hacer es exactamente lo inverso: bajar o eliminar los impuestos que afectan a los sectores populares y subírselos fuertemente a los ricos. Hay que reformar totalmente el impuesto inmobiliario, declarando exentas las viviendas populares y, por contrapartida, subir fuertemente los montos que se pagan en countries y viviendas de lujo. Y plantear una tasa especial para todas las grandes empresas, bancos y multinacionales que utilizan edificios en el territorio de la provincia. Hay que modificar también el impuesto inmobiliario rural, afectando fuertemente a la gran propiedad terrateniente y a los especuladores con los pools de siembra.

Un dato aparte es el fenomenal endeudamiento que sigue tomando la provincia. Para el próximo año se proyectan 58.900 millones de pesos, la mitad de los cuales ya son exclusivamente para pagar deuda anterior. Tal como denunciamos miles de veces: la deuda aumenta cual bola de nieve, y más nos endeudamos, más pagamos y más debemos. Esta deuda sólo le sirve a los grandes especuladores que hacen sus negociados vendiéndonos sus bonos. Y terminará desangrando las finanzas de la provincia. Por eso, tal como decimos a nivel nacional, sostenemos que debemos suspender inmediatamente su pago y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, vivienda, educación y salud.