Mientras tanto, la burocracia de la CGT sigue con la tregua. Cada vez son más los indicios de que se aprestan a entregar todas nuestras conquistas históricas sin ni siquiera un amague de lucha. Se llega al extremo de que uno de los triunviros, Héctor Daer, incluso dice que la reforma laboral tiene “aspectos positivos”. Los dirigentes sindicales que se referencian en el kirchnerismo tampoco se plantean salir a pelear. Al contrario, avalan la flexibilización laboral, como con los trabajadores lecheros de Atilra. Las distintas corrientes en que está dividida la CTA sacan comunicados grandilocuentes, pero no plantean una sola acción para enfrentar el ajuste ni donde tienen responsabilidades de conducción, como en Ctera, mientras estudiantes y docentes de las seccionales combativas salen a enfrentar el operativo Aprender con el que se pretende seguir destruyendo la escuela pública.

El gobierno de Cambiemos, a la vez que avanza en este plan de ajuste de conjunto, y lo negocia con burócratas sindicales y la oposición peronista, trata de distraer con maniobras mediáticas, posando como que se está “haciendo justicia” con las detenciones de De Vido primero y Boudou después. Los kirchneristas le hacen coro a su manera: salen a decir que “no se respetó el debido proceso” y que se trata entonces de “presos políticos” e incluso organizan una marcha “en defensa de la democracia”.
Frente a todo esto nosotros queremos ser muy claros: De Vido y Boudou son corruptos y ya hace tiempo que deberían estar presos. Pero lo mismo tendría que suceder con los empresarios, que son la contrapartida de la corrupción: no hay coimero si no hay quien pague la coima. Y, de la misma forma, tendrían que ir a la cárcel la cada vez más extensa lista de funcionarios macristas tanto, o más corruptos que los K. Por si quedaran dudas esta semana se destapó un nuevo escándalo internacional, los llamados Paradise Papers, en los que quedan involucrados directamente el ministro de Finanzas Luis Caputo y el de Energía Juan José Aranguren. Es que, como tituló el mismísimo Carlos Pagni en La Nación llama más la atención la impunidad que la corrupción. Los jueces tratan de “salvarse” sobreactuando, como el caso del juez Lijo que llegó a dejar que se filtre la filmación de la detención de Boudou en pijama. Pero todos se dan cuenta de que se ha abierto una caja de Pandora que no se sabe dónde se cierra. Pueden empezar a saltar situaciones donde queden cada día más expuestos los principales empresarios, los actuales funcionarios del gobierno y hasta los mismos jueces. No tenemos que confundirnos: sin ninguna confianza en esta Justicia (que es patronal y ella misma corrupta) hay que seguir exigiendo que todos los corruptos, sin excepción, vayan presos y que devuelvan lo robado.

Pero al mismo tiempo no debemos dejar que todo esto tape lo más importante para los trabajadores: cómo salimos a enfrentar el nuevo paquete de ajuste del gobierno. Tenemos que denunciar que la burocracia sindical está entregando todo en su negociación con el gobierno, y al mismo tiempo exigirle que rompa la tregua y llame a un plan de lucha para frenar el ajuste. Pero, lo más importante, tenemos que tomar la pelea en nuestras propias manos. Discutiendo y explicando en los lugares de trabajo el alcance de este plan del gobierno. Reuniendo a los compañeros, llamando a asambleas donde sea posible, para discutir qué hacer. Sacando pronunciamientos y mandatos para los cuerpos de delegados. Desde el sindicalismo combativo debemos convocar a coordinar y unificar las distintas iniciativas para enfrentar el ajuste, discutiendo las acciones necesarias y definiendo un plan de lucha y movilización.

Al mismo tiempo, tenemos que debatir con todos los compañeros que sí hay una salida alternativa, que es mentira lo que dicen el gobierno y las patronales, de “que no hay otra”. ¡Sí que “hay otra”! Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda planteamos un plan alternativo, que comienza con dejar de pagar ya mismo la deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las necesidades populares. Ahí está la plata para que todos los trabajadores cobren al menos el valor real de la canasta familiar (hoy estimado en 25.000 pesos), para que los jubilados reciban el 82% móvil, para que se lleve adelante un plan de construcción de viviendas populares que a la vez resuelva el problema del desempleo y para que se destinen los fondos necesarios para aumentar los presupuestos de educación y salud.