Adolfo Santos

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con problemas de movilidad, se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en el Estado Español. Desalojada del inmueble que habitó durante setenta años por no poder afrontar aumentos exorbitantes del alquiler, provocó una reacción gigantesca. Maricarmen fue apenas la chispa, pero el verdadero combustible es el problema de vivienda que afecta a millones en aquel país.

En pánico, el gobierno de Pedro Sánchez, (PSOE), intentó responder de apuro con dos decretos que pretendían aliviar una situación que hasta ese momento había dejado correr. Entre otras cosas, proponía suspender los desalojos hasta 2030 y prorrogar por dos años los contratos de alquiler. Pero en menos de 48 horas, por presión de los poderosos grupos económicos dueños de inmuebles, como Urbagestión que desalojó a la anciana Maricarmen, el parlamento derrotó esa propuesta, y dejó todo como estaba. De ahí en más, los acampes y protestas saltaron de la Puerta del Sol de Madrid a las principales capitales del país.

Lucha Internacionalista (LI), nuestro partido hermano en el Estado Español, que participa de la movilización, denuncia: “El Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda [...]. Avala un poder judicial que ejecuta desalojos […]. Y mantiene un poder legislativo que lleva siete años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría […] La abstención del PSOE hace dos semanas en la ley para prohibir la compra de inmuebles por parte de fondos buitre continúa permitiendo la acumulación de viviendas en manos especuladoras”.

Los políticos patronales son los responsables de esta crisis. Han actuado en favor de los fondos de inversión inmobiliarios que controlan el negocio de la vivienda, por eso se necesita una salida de fondo, como propone LI: “paralización inmediata de los desalojos, cierre de los inmuebles turísticos, que los precios del alquiler no superen el 20% de los salarios, expropiación sin indemnización de grandes propietarios, fondos buitre y bancos, y un parque de vivienda pública de alquiler social bajo gestión 100% pública”.

A la derrota de los decretos en el parlamento, los principales organizadores de la protesta como el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Estudiantes que han sido vanguardia en los acampes y organizaciones populares, exigen que los sindicatos pertenecientes a CGT, Comisiones Obreras y UGT, se sumen a las protestas y convoquen a una huelga general. La forma de avanzar a favor de las y los inquilinos está en las calles. Es a la lucha que le temen los políticos patronales, por eso, presionado por las consecuencias de la movilización social, Pedro Sánchez se vio obligado a convocar a elecciones anticipadas.