En promedio, 3 docentes por semana son víctimas de ataques físicos, y 8 de agresiones verbales en la provincia de Buenos Aires. El 42% que se acerca a consultar en el área de Violencia Laboral, ya sufrió diversas agresiones. El gobierno bonaerense envió un proyecto de ley para imponer penas de hasta 6 años de prisión y multas a quienes agredan a docentes, mostrando la generalización de estos hechos.

Pero esa medida esconde sus responsabilidades y no resuelve nada. Los principales responsables de las agresiones, antes impensadas en nuestra sociedad, son los gobernantes que culpan a los maestros y profesores de la crisis educativa y buscan poner a los padres en su contra. Esa campaña hace que algunos, ante la decadencia social y educativa, se sientan habilitados para “hacer justicia” contra los maestros. Los auxiliares y docentes de Tigre y de Quilmes pararon y marcharon, repudiando la agresión.

Además de atacar la crisis social, las medidas inmediatas para tratar de poner fin a estas agresiones pasan porque el gobierno retraiga la campaña contra los docentes, comenzando por reivindicarlos y respetarlos, y que invierta presupuesto para escuelas dignas y designe a los docentes, auxiliares y gabinetes necesarios. La Ctera y los sindicatos docentes deberían ponerse al frente del reclamo por estas medidas. Corresponsal