Desde hace décadas rige un régimen de minería por el que las empresas que extraen oro, como la Barrick, se llevan ese mineral y otros que se extraen junto con él, sólo pagando un 3% de impuesto sobre el valor de lo extraído, cuyo monto es calculado por la misma empresa. Además no existe ningún control del Estado sobre la contaminación que producen las mineras. En el caso de la Barrick ya hubo tres episodios registrados de derrame de cianuro, mercurio y otras sustancias en los ríos que abastecen de agua potable a la población de San Juan.

Néstor y Cristina Kirchner mantuvieron siempre una estrecha relación con la Barrick y otras empresas mineras, otorgándoles concesiones escandalosas no sólo en San Juan sino también en su provincia, Santa Cruz.

La Ley de Glaciares fue aprobada en 2010 en el Congreso, pese a la oposición de Cristina, ante el escándalo provocado por la contaminación producida por Barrick. Pero quedó intacto el régimen que permite el saqueo de nuestras riquezas por las mineras. El gobierno de Macri, tan sirviente de las mineras como los Kirchner, dice que la Ley de Glaciares “crea incertidumbre” y asegura que impide que se concreten inversiones por 18.000 millones de dólares en el área. Efectivamente, la ley es una mínima barrera a la voracidad de las mineras, que exigen que se les entreguen los minerales sin ninguna restricción ni protección para el medio ambiente.

Ante el anuncio del gobierno, Elisa Carrió envió una carta al secretario de Minería, Daniel Meilán, que hizo pública en los medios oponiéndose a la reforma de la Ley, en la que entre otras cosas dice: “Siempre nos hemos opuesto al escandaloso e histórico lobby minero”, y remarca que desde ese espacio político impulsaron “la ley de glaciares que defiende los intereses vitales para la Argentina”. Pero, como era de esperar, Carrió no dice una palabra de la necesidad de terminar con la megaminería y de estatizar los recursos mineros, para terminar con el saqueo y la destrucción del medio ambiente.

El diputado Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista/FIT en cambio, con el apoyo de las asambleas ambientales de San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro y Chubut, presentó a mediados de junio pasado un proyecto de ley para la expropiación de los activos de Barrick. En el proyecto se propone la creación de una empresa estatal gestionada por los actuales trabajadores de Barrick en conjunto con técnicos y las asambleas de vecinos de las localidades afectadas. Esa es la verdadera solución de fondo para terminar con el saqueo minero en todo el país.