El gobierno pretende, a través del juez Sergio Torres, criminalizar la movilización popular, abriendo nuevas causas y encarcelando a los compañeros. Persigue judicialmente a quienes enfrentamos en las calles el ajuste de Macri y los gobernadores, acusando a los compañeros de violentos cuando es el gobierno quien utiliza las fuerzas represivas para intentar pasar las políticas de ajuste contra los jubilados, trabajadores y sectores populares. Estas detenciones pretenden invisibilizar la enorme movilización popular, no sólo el 18 en la Plaza Congreso si no también a la noche, donde miles de vecinos de la ciudad se autoconvocaron manifestándose en sus barrios y nuevamente frente al Parlamento. Seguiremos movilizados, como el pasado 11 de enero, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, exigiendo la libertad de los compañeros Arakaki y Ponce. El gobierno y sus aliados nos encontrarán en las calles enfrentando sus políticas antiobreras.
¡Libertad a César Arakaki y Dimas Ponce. Cierre de todas las causas a los luchadores populares!