Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Macri autorizó a las fuerzas armadas realizar “tareas internas”. Ya se anunciaron los primeros contingentes militares que irán a la frontera a “combatir” el narcotráfico y otros despliegues para “cuidar” puntos estratégicos. También se prevé el envío de gendarmes y policías para “brindar seguridad” en los barrios, como lo anunció Vidal en connivencia con los intendentes, a “puntos calientes” del conurbano. El gobierno fortalece el aparato represivo ante el crecimiento del ajuste y una mayor conflictividad social culpa del pacto con el FMI.

El mismo gobierno que ajusta y genera más desigualdad social, ahora dispone más fuerzas militares y policiales para actuar en distintos puntos del país. La excusa que usa como campaña está muy bien pensada. ¿Quién podría no estar de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, al terrorismo o la inseguridad? Pero lejos está la política de Macri de enfrentar estos males. Es sabido que con más aparato represivo no se solucionan los problemas, ni se combate el narcotráfico, ni se brinda más seguridad, ni nada.

El verso del narcotráfico y el terrorismo

En México, desde el año 2006 en que el gobierno de Felipe Calderón sumó a los militares a la “guerra contra el narcotráfico”, quedó el saldo de 250.000 muertos (otras fuentes hablan de una cifra mayor) y 30.000 desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados fruto de la complicidad de los gobiernos y las fuerzas represivas con los narcos. En Brasil, la militarización del ejército en las favelas (villas miserias), ocasionó más muertes y violencia. Es evidente que el flagelo del narcotráfico, que crece y se desarrolla en base a la ilegalidad del negocio capitalista de las drogas, no se combate con más militares que, en muchos casos, terminan siendo cómplices del negocio, igual que políticos patronales, como el intendente de Paraná, de PRO, financiado por los narcos, jueces, comisarios y altos jefes de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”.

El gobierno habla de “terrorismo”. ¿A quién se refiere? ¿A Donald Trump o al Estado sionista de Israel, que asesinan al pueblo palestino y financian a organizaciones violentas en el mundo? Por supuesto que no. La ministra Patricia Bullrich llamó terrorista al pueblo mapuche que pelea por sus tierras usurpadas por Benetton. ¿Recuerda, amigo lector, cuando la ministra hablaba de que había que reprimir a los mapuches “porque ponían en peligro la vida y libertad de los habitantes”, lo mismo que fundamenta ahora Macri?

También se quiso aplicar la “ley antiterrorista” a periodistas por cubrir noticias que no les gustan a los gobiernos de turno. ¿O acaso no es este gobierno el que tilda de “desestabilizadores”, “violentos” o “antidemocráticos a los que luchan y a la izquierda?

Con la excusa de “modernizar” las fuerzas armadas, además, se están planificando compras millonarias de armamentos, helicópteros y logística a países imperialistas, la mayoría para la represión interna (ver recuadro). Y entre los “lugares estratégicos” que se van a cuidar se anunció a la mina de Río Turbio, donde despidieron a 350 trabajadores y se los reprimió enviándoles la Gendarmería.

Más aparato represivo para enfrentar a los que luchan

El trasfondo del decreto 683 hay que buscarlo en un gobierno cada vez más repudiado por millones, a quien solo le interesa gobernar para los de arriba y en contra del pueblo trabajador. Macri y Vidal saben que ante el crecimiento de la pobreza, la miseria y la marginalidad social va a haber más luchas obreras y populares ante una situación cada vez más explosiva. El mismo gobierno lo reconoce, teniendo que aumentar las partidas alimentarias para los comedores populares. Las palabras “contención alimentaria”, “comedores que no dan abasto” y “riesgo de crisis social”, no son frases que inventa la izquierda, sino que se describen en los propios diarios que defienden al gobierno.

Ante una mayor recesión, la brutal inflación, los tarifazos, el robo salarial, jubilatorio y en los planes sociales, y una creciente desigualdad social (ricos más ricos, pobres más pobres), el gobierno se adelanta y dispone más fuerzas represivas en las calles.

La gobernadora Vidal, en acuerdo con intendentes peronistas, pondrá 12.000 efectivos para controlar lo que llama “puntos conflictivos” del conurbano donde, dicen, crecen la droga y la miseria. Pero esa política de más policías y mano dura fracasó. A tal punto que de los 46.904 presos que hay en el país, más de la mitad son de la provincia de Buenos Aires. 
Cuando el gobierno habla de “amenazas internas” se refiere a los trabajadores, jubilados y pobres, no al narcotráfico, a los usureros o a los ladrones de guante blanco. Por todo esto llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a la mayor unidad en la lucha para anular el decreto 683.

Millonaria compra de material antidisturbios

La mejor demostración de que lo que le preocupa al gobierno es cómo reprimir las luchas populares y no la inseguridad, se puede encontrar en las licitaciones para compras que realizó este mes. El Ministerio de Seguridad ya pagó 100 millones de pesos en materiales “nacionales”. Ahora se espera un gasto de entre 500.000 y un millón de dólares en importados. ¿De qué se trata?

El listado incluye 2.000 kits de bastones de 60 centímetros, otros de 90, protector de extremidades, casco antidisturbios, escudo, guantes y máscara antigás. Cinco camiones hidrantes, 2.000 uniformes ignífugos, 50 accesorios tácticos de auricular y micrófono para casco, 40 equipos de radiofrecuencia, 8 bloqueadores telefónicos e intercomunicadores, 20 motocicletas y 300 cascos para moto.

Todo esto sólo sirve para reprimir manifestaciones, nada es útil para garantizar más “seguridad en los barrios”, como dicen. Es parte del fortalecimiento del aparato represivo para ir contra la protesta obrera y popular que se acrecentará como consecuencia del ajuste.