Oct 07, 2022 Last Updated 10:00 PM, Oct 6, 2022

¿Por qué votamos contra de la ley de Kicillof?

La ley impositiva se aprobó en la Legislatura bonaerense con los votos del Frente de Todos y Cambiemos. Es un nuevo ajuste contra los trabajadores y los sectores populares. Lo recaudado será utilizado para pagar deuda y no para resolver los urgentes problemas sociales. La banca del FIT votó contra la ley y planteó que la única solución para salir de la crisis es romper con el FMI, dejar de pagar la deuda e imponer una ley impositiva donde realmente paguen más los que más tienen.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

La ley impositiva de Kicillof, que establece los impuestos que cobrará la provincia este año, generó una fuerte polémica. Tras la votación, el gobernador reconoció que “beneficia a los sectores concentrados”. Por su parte, la vicegobernadora Magario dijo que no servirá para resolver los problemas de “nuestras escuelas, hospitales y la emergencia social”. Pero, pese al doble discurso, la ley fue votada con el acuerdo de los bloques del Frente de Todos y Cambiemos. El FIT fue el único bloque que votó en contra.

El gobernador y sus ministros se encargaron de aclarar que con la ley impositiva no buscan resolver los urgentes problemas sociales de los sectores populares bonaerenses, sino que quieren hacer caja para pagar la deuda externa de la provincia. Este año quieren pagar 2.700 millones de dólares (567 millones en enero) a los usureros internacionales.

Esta ley no establece “impuestos progresivos”, donde paguen más los que más tienen. Se trata de un impuestazo contra los trabajadores y los sectores populares, que pagarán el grueso de la recaudación de la provincia, mientras que las grandes empresas y los terratenientes seguirán pagando una porción menor, además, de seguir evadiendo sin control.

Así, por ejemplo, a la mayoría de los trabajadores se le impondrá un aumento del 55% en el impuesto Inmobiliario Urbano de sus viviendas, porque la ley define que las propiedades (terreno con vivienda) cuyos valores de mercado estén comprendidos entre 40 mil y 135 mil dólares deben pagar ese aumento. El gobernador dijo que es lógico pagar tanto porque “es equivalente a la inflación”, pero los salarios de los trabajadores están congelados y el gobierno se niega a actualizarlos.

Como evidencia de que los grandes terratenientes no recibirán el mismo peso de los impuestos, la ley define un aumento del 75% en el impuesto Inmobiliario Rural, pero sólo lo pagarán unas 200 terratenientes, cuando en la provincia hay más de 2.500 grandes propiedades mayores a 2 mil hectáreas. Además, los valores fiscales de esas propiedades no se actualizan desde 2012, lo que reduce el monto que pagarán. Este impuesto no les hace ni cosquillas a los grandes propietarios y oligarcas.

Encima, el impuesto de mayor recaudación, Ingresos Brutos, también recaerá sobre los trabajadores y sectores populares. Este impuesto se realiza sobre las actividades económicas de empresas, supermercados y otras actividades. Pero la realidad es que las empresas y supermercados siempre trasladan el impuesto a los precios, que termina pagando todo el pueblo trabajador. La reducción de este impuesto en algunas actividades (medicamentos o venta minorista de alimentos básicos) no traerá un beneficio importante para los golpeados bolsillos populares.

La banca de Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechazó esta ley impositiva porque es un impuestazo contra los trabajadores y el pueblo. Es parte de un paquete de medidas nacionales y provinciales, como las leyes de emergencia, que responden a las recetas de ajuste del FMI.

Para resolver los urgentes problemas sociales en trabajo, salud, educación y vivienda es necesario romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa usurera y fraudulenta, que en último periodo engrosó Vidal con el apoyo parlamentario del peronismo, y que fue utilizada para hacer negocios financieros. Es necesaria una verdadera reforma tributaria, donde paguen más los que más tienen, empezando por cobrarle a los grandes terratenientes, a las empresas multinacionales y a las cadenas de supermercados formadoras de precios.

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