Escribe Guido Poletti

El año 2019 terminó con una inflación acumulada de 53,8%, la más alta desde la hiperinflación de 1991. Los precios de la canasta básica (alimentos, productos de limpieza y tocador, etcétera) subieron mucho más. Con el cambio de gobierno esto no se ha detenido. Diciembre registró una alta inflación y los precios siguieron subiendo en lo que va de enero.

A comienzos del año, para echar más leña al fuego, volvió el IVA a los productos de la canasta básica que estaban exentos. El gobierno de Alberto Fernández trató de disimular el impacto por medio de una serie de “acuerdos” con las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras monopólicas. Pero esto no sirvió para evitar lo que todos vimos: los precios siguieron incrementándose y pulverizando los salarios.
El gobierno para combatir la carestía ha relanzado el programa de “precios cuidados”. No es nuevo, se implementó durante el anterior gobierno del peronismo kirchnerista y siguió vigente durante toda la era Macri. Nunca sirvió para controlar la inflación: operaba con “promociones” de ciertos productos que aparecían o desaparecían de las góndolas según las conveniencias de las empresas.

El nuevo “precios cuidados” reduce el listado de los productos, con la excusa de que estos productos son la “referencia” de todos los demás. Aquellos bienes que venían de antes, y por lo tanto permanecen en el programa, lo hacen con un aumento promedio de 30%.

No hay azúcar en “precios cuidados” y con la carne, el aceite y los lácteos, se repite lo de siempre: una oferta escasa, que no cubre ni de lejos la compra de una familia trabajadora.

El gran problema será, además, el control que lo productos aparezcan en las góndolas y a los precios acordados.

Lo único que hasta hoy se propone es que los trabajadores nos bajemos una aplicación para “controlar” nosotros mismos.

En síntesis, precios cuidados es una farsa. Lo que hay que hacer es fijar de verdad precios máximos para los productos de la canasta familiar y controlarlos desde el estado con sanciones reales, como las que plantea la ley de abastecimiento: multas, clausuras y expropiaciones a quien los viole. Pero, por sobre todo, hay que terminar con el castigo infinito a los bolsillos trabajadores: se necesita aumentos de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar.