Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández desde el primer día habló de la necesidad de un pacto social con empresarios, dirigentes sindicales y otras supuestas representaciones como la Iglesia Católica. Más allá que formalmente no se avanzó en lo que en algún momento se anunció como un “Consejo Económico y social”, la burocracia sindical tanto de la CGT como de las CTA no tardaron un minuto en cumplir el rol que se le tenía asignado: “moderar” al extremo cualquier planteo de recomposición salarial. Esto incluía desde aceptar sumas fijas hasta, como en el caso docente de la provincia de Buenos Aires, “no hacer olas” ante el no cobro de la suma adeudada del año pasado.

La semana pasada, Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano y al día siguiente con Héctor Daer. El objetivo era garantizar el apoyo sindical (o aunque sea el silencio) ante la realidad de salarios que siguen por el piso.
Ahora Hugo Yasky avanzó un paso más en el rol que el gobierno le tiene asignada a la burocracia. El burócrata de la CTA se transformó en el principal “abogado” de que están mal las cláusulas gatillos, ya que “indexarían la economía y provocarían inflación”. Otros burócratas sindicales, sin tanta explicación, se sumaron al cuestionamiento a dicha cláusula. Luego Yasky dio un paso más en sus declaraciones escandalosas. Ahora ya se pasó directamente a las argumentaciones clásicas de las patronales: los aumentos salariales generarían inflación. Por eso deben “moderarse”. Inmediatamente salió a hacerle el coro Andrés Rodríguez de UPCN.

Todas estas son demostraciones de que no hay salida con estos dirigentes sindicales. Necesitamos, más que nunca, pelear por otra dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. Esta es la tarea para la que se postula el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo.