El gobierno presentó una mentirosa ley que mantiene las altísimas jubilaciones de jueces, el cuerpo diplomático y el clero. A la vez sienta precedentes para atacar los regímenes especiales que gozan miles de trabajadores. Incluso estaba previsto en el proyecto originario el aumento de la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres, lo mismo que recomienda el FMI y aplican otros gobiernos como Bolsonaro y Macron en Francia. El FIT presentó un dictamen propio atacando de verdad todos los privilegios.

Escribe Claudio Funes

El pasado 27 de febrero se debatió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobierno que supuestamente combate las jubilaciones de los jueces y del cuerpo diplomático. ¿Por qué Alberto Fernández impulsa esta tramposa ley?

En diciembre pasado el gobierno congeló la actualización de los haberes jubilatorios por medio de la ley de emergencia económica. Exceptuó de esa medida a las jubilaciones de privilegio que beneficia a los magistrados del Poder Judicial, fiscales, servicio exterior, ex presidentes y vicepresidentes y a la cúpula de la Iglesia Católica. El repudio  se hizo sentir de inmediato. Por eso Alberto Fernández se vió obligado a anunciar que enviaría un proyecto para “corregir” la inequidad. Pero lo que siguió fue una autentica mentira.  

La ley que con tanta alharaca obtuvo media sanción mantiene los privilegios de los miembros de la Corte Suprema, embajadores y cónsules, ex presidentes y vice y los obispos y arzobispos de la Iglesia.
En lo que se refiere a jueces y fiscales, preservan sus altos sueldos, la exención en el impuesto a las ganancias, su carácter vitalicio y jubilaciones de privilegio. Continuarán cobrando el 82% móvil -que se les niega a los empleados judiciales y al resto de trabajadores y jubilados-, con sumas que van de 270.000 pesos a máximos de 770.00. Los ex presidentes continuarán cobrando un retiro de 341.710 pesos por los servicios prestados y por la gracia del genocida Videla, los arzobispos, obispos y prelados castrenses continuarán cobrando 102.285 pesos mensuales.

Tantos privilegios otorgados a los servidores de la gran patronal contrasta obscenamente con el congelamiento de la fórmula de actualización para millones de jubilados de a pie, de los cuales el 90% no cubre la canasta de pobreza. Con la aplicación de la ley de emergencia y el cambio en la movilidad el gobierno va a “ahorrar” 100.000 millones de pesos en el año para hacer buena letra con el Fondo Monetario.

También este proyecto de ley sienta precedentes para intentar liquidar, como lo intentó Macri, los regímenes de jubilaciones especiales (no de privilegio como el propio gobierno dice) que gozan miles de trabajadores, como es el caso de quienes realizan tareas penosas o insalubres que se jubilan con menos edad porque tienen menores expectativas de vida o regímenes diferenciales por la naturaleza de su actividad, como sectores de ferroviarios, docentes, investigadores, mineros, aviación, vidrio y plantas de combustibles, petroleros, salud, pesca, portuarios, la carne, telefónicos y Luz y Fuerza, entre otros. Trabajadores que aportan más del 11% del régimen general. Como vemos, algo muy distinto a las asignaciones vitalicias de ex presidentes, la Corte y el clero.

El Frente de Izquierda defendió un dictamen propio para terminar de verdad con todos los privilegios de jueces, políticos patronales y el clero. A la vez repudia el ajuste a los jubilados, propone que ninguno gane menos que el valor de la canasta básica calculada en 42.000 pesos, que se aplique el 82% móvil, se restituyan los aportes patronales que anularon Menem y Cavallo, elimine el trabajo en negro que no aporta a las cajas y que se deje de meter mano en el Anses como vienen haciendo todos los gobiernos para pagar una deuda usurera y fraudulenta.