Escribe Guido Poletti

Los tarifazos astronómicos fueron la marca mayor de todo el gobierno de Macri. Como lo habían sido los millonarios subsidios que había garantizado las ganancias de las privatizadas durante los doce años kirchneristas. Mientras tanto, en ambos períodos, la calidad del servicio siguió deteriorándose. En medio de esta estafa, una de las barbaridades que hizo el macrismo fue “dolarizar” las tarifas, o los distintos componentes que tienen las mismas. De esta forma, las devaluaciones impactan directamente en lo que termina pagando el consumidor.

Todo esto fue particularmente grave en el sistema eléctrico. Los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap en Capital, Gran Buenos Aires y La Plata están acostumbrados a los apagones y el manoseo de las empresas con todo aquel que reclama. Pero todo es mucho más grave cuando miramos lo que pasa más allá de las distribuidoras. Es que el sistema se compone de los “proveedores” de energía eléctrica, que se la venden a Cammesa (mayorista estatal) y esta luego se las envía a las distribuidoras, que son las que llegan al domicilio y emiten las facturas que pagamos.

Producto de la dolarización, Cammesa acumuló una gigantesca deuda con las petroleras y gasíferas proveedoras. Esto, al pagarlo, generará un impacto que irá finalmente a las tarifas. Ahora el gobierno de Alberto Fernández, plantea que todo se resuelve con la “pesificación”. No es así. Más aún: los primeros tarifazos se hicieron todavía con las tarifas pesificadas. Estas son impagables ya como están ahora. Ni que hablar si se las ajusta a mitad de año, aunque sea vía una pesificación y no por evolución del dólar.

Nuestro planteo es claro: ni tarifazos, ni subsidios para las superganancias de las empresas. Ninguna indexación para los pulpos monopólicos, ni “dolarizado” ni “pesificado”. Lo que hay que hacer es retrotraer los tarifazos para que, en medio de la emergencia social actual, el pueblo trabajador tenga tarifas accesibles. Y, lo más importante, se impone la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.