El gobierno del presidente Carlos Alvarado informó que por el déficit fiscal y endeudamiento público, había que rebajar gastos… Pero los “gastos” que hay que rebajar, según el gobierno, son los adicionales salariales de los trabajadores (por antigüedad, premios anuales, etcétera), que la prensa capitalista denomina “privilegios”, además de aumentar impuestos al consumo (IVA), mientras rebaja los que deberían pagar los empresarios privados y garantiza el pago de la deuda. A todo esto se lo conoce como el “combo fiscal”, proyecto de ley 20.580.

Costa Rica, con 5 millones de habitantes, es el país más estable económica y políticamente de Centroamérica. Viene desde hace años apostando a un crecimiento basado en inversiones extranjeras en como el turismo y las empresas de tecnología, y en el endeudamiento. En 2014 ganó las elecciones el Partido de Acción Ciudadana (PAC) que se presentó como centroizquierda prometiendo renegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero, lejos de eso, continuó la política anterior, y estuvo plagado de hechos de corrupción con empresarios, además de aumentar enormemente el endeudamiento externo. A comienzos de año el PAC, a pesar de estar debilitado, ganó las elecciones en segunda vuelta, con nuevo candidato y contra un pastor evangelista de ultraderecha cuyo eje de campaña fue contra el matrimonio gay.

El FMI dicta la reforma

Mientras en la vecina Nicaragua el FMI exigía rebajas de jubilaciones y Daniel Ortega acataba provocando un enorme levantamiento popular en su contra, también había “recomendaciones” para el nuevo presidente de Costa Rica.

En enero pasado, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, advirtió sobre la “necesidad” de la reforma fiscal, dejando claro quién manda: “Si nosotros no hacemos la reforma, la van a hacer por nosotros los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional” (La Nación de Costa Rica, 26 /1/2018). Según se informó, el déficit público es de 7% del presupuesto y la deuda pública suma más de la mitad del producto nacional (53%). Por supuesto, a la hora de achicar gastos, lo tienen que pagar los trabajadores y trabajadoras.

Huelga hasta que retiren el “combo fiscal”

Este 10 de septiembre arrancó la huelga. El presidente Carlos Alvarado anunció por cadena nacional que la declaraba ilegal, que la policía antimotines ocuparía los puertos y centros de distribución y que se traerían trabajadores rompehuelgas de Colombia y Panamá para el puerto. Pese a las amenazas y represión con gases lacrimógenos y decenas de detenidos, miles de trabajadores salieron a las calles todos los días y bloquearon los puertos y centros de distribución, realizando una gran marcha nacional el 12 de septiembre que reunió a medio millón de trabajadores y trabajadoras en San José. No pudieron parar la huelga.

El gobierno dice que quiere “dialogar”, y la Iglesia Católica se ofrece a “mediar”. Pero es sólo una maniobra para detener la lucha, ya que al mismo tiempo se anuncia que no se cambiará nada del paquete fiscal. El partido más importante de izquierda reformista, el Frente Amplio, que obtuvo el 4% en las legislativas, tiene un ministro en el gobierno, aunque repudió la represión y formalmente apoya las demandas de “negociación”.

El trotskista Partido de los Trabajadores, que participó electoralmente (obtuvo 11.700 votos), llama al Frente Amplio a romper con el gobierno y a la unidad en apoyo a la huelga, proponiendo extender el paro en empresas privadas (cuyos trabajadores están afectados también por congelamiento salarial) y mantener la medida hasta que se retire el “combo fiscal”.

La huelga ingresa en su tercera semana y se mantiene firme, mientras la Asamblea Legislativa aún no aprobó la ley de ajuste. ¡Todo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica!