La ministra de Seguridad acaba de anunciar la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Sería para “reparar los daños causados por agravios a los derechos humanos de los propios efectivos”.

Evidentemente este ente no tiene como objetivo defender a un eventual policía, gendarme o prefecto que se niegue a reprimir una protesta popular. O que quiera denunciar una coima, o a un comisario que maneja el narcotráfico, la prostitución o la trata. Todo lo contrario: está en la línea de protocolo que hace algunos meses envió el propio Ministerio de Seguridad habilitando a los efectivos a disparar a matar en cualquier circunstancia. O del programa “Restituir”, que permite la reincorporación de efectivos procesados por uso excesivo de la fuerza.

Los objetivos de la ministra Bullrich son clarísimos: habilitar más impunidad y más represión. Repudiamos la creación de este ente y exigimos una vez más, el desmantelamiento del aparato represivo, que no solo está a la orden del día contra la protesta popular, sino que también es parte fundamental del entramado del delito en nuestro país, como se acaba de ver en el enfrentamiento entre policías federales y bonaerenses la semana pasada.