Escribe Malena Zetnik

Tras sufrir una violación, Lucía de 11 años fue obligada a seguir con su embarazo porque en la provincia de Tucumán, desde el gobernador peronista Manzur, pasando por la ministra de salud Rossana Chahlay, muchos funcionarios y médicos pretenden imponer los fundamentalismos religiosos sobre los derechos de las mujeres y niñas.

Sin embargo, la doctora Cecilia Ousset y el doctor José Gigena se enfrentaron a la presión del gobierno local, la corporación médica y la Iglesia y realizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a través una microcesárea a la niña.

No contentos con dilatar el sufrimiento de la Lucía con las trabas puestas al derecho a la ILE y con la publicitación de su identidad y la de su familia, los antiderechos quieren ahora ir contra los médicos que garantizaron la práctica. Aunque no hay delito alguno ya que desde 1921 el artículo 86 del Código Penal Argentino dice que el aborto en caso de violación es legal y desde 2012 la Corte Suprema de Justicia lo ratificó con el fallo F.A.L., un grupo de abogados tucumanos fundamentalistas denunciaron por homicidio a Gigena y Ousset y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios Nº 1, le dio curso.

Ante estos hechos llamamos a la máxima solidaridad con quienes garantizan los derechos frente a las prácticas de tortura del Estado que pretende obligar a las niñas violadas a parir. Por el cumplimiento inmediato de la ILE en todos los casos en que sea requerida. ¡Separación ya de la Iglesia y el Estado! Hoy más que nunca se mantiene vigente nuestro reclamo por el aborto legal seguro y gratuito.