Escribe Mariano Barba

En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU (la unidad de medida que se toma en la industria del gas), el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren decidió entregar subsidios que consistían en pagarle 7 dólares por millón de BTU a las empresas que concretaran inversiones con el sistema de fracking. Se buscaba así garantizar las ganancias de las grandes empresas gasíferas. Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, y Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian, son algunas de las firmas que más se beneficiaron con este programa.

¿Qué pasó desde entonces? Tecpetrol recibió ese subsidio acordado para una inversión determinada y para una producción de 8 millones de metros cúbicos por día de gas, pero en realidad extrajo 17 millones por día del yacimiento Fortín de Piedra con la misma inversión; es decir, está cobrando más del doble, teniendo así garantizado por el subsidio una ganancia superextraordinaria. El conflicto con el gobierno se da porque ante el déficit fiscal, Macri y el secretario de Energía que reemplazó a Aranguren, Gustavo Lopetegui, recortan ese subsidio, y quieren restringir su pago para las liquidaciones del gas producido desde septiembre de 2018 en adelante, no extendiéndolas ante las nuevas producciones. El gobierno y las petroleras tironean por la plata: Macri para pasársela a los acreedores de deuda, tal como se acordó en el ajuste con el Fondo, Techint y los otros pulpos petroleros para seguir ganando a costa de un subsidio que pagamos todos. Ninguna de las dos cosas le sirven al pueblo trabajador: hay que terminar con esos subsidios, reestatizar todo el negocio petrolero y gasífero y parar la contaminación que se genera con el fracking. Pero ese dinero debe ser reconducido a resolver las urgentes necesidades de trabajo, salario, educación, salud y vivienda, no a pagar la deuda externa.