Este 2019 comenzó con el femicidio de Celeste Castillo, de 25 años, en Santiago del Estero en manos de su pareja, un policía, quien se suicidó luego de matarla. Siguió con el femicidio de Valeria Juárez ,de 32 años, en Chaco, asesinada por su propio padre quien también se suicidó. Pero la triste lista sigue: Daiana Moyano, Joselin Mamani, Gisel Varela, Agustina Imvinkelried, Danisa Canale, Romina Ugarte y Carla Soggiu también fueron víctimas de sus parejas, ex parejas, familiares o varones que simplemente las consideraban de su propiedad al punto de decidir violarlas, golpearlas y/o directamente asesinarlas por el hecho de ser mujeres.
Una vez más debemos decir que por más aberrantes que sean estos crímenes, los femicidas no son personas con problemas de salud mental o “locos”, como suele tildárselos, sino claros exponentes de una sociedad patriarcal que insiste en cosificar el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas con identidades disidentes al extremo de decidir sobre la vida o la muerte. Y a pesar de las grandes movilizaciones que vienen desarrollando las mujeres al grito del #NiUnaMenos, el apoyo que cuentan de parte de la Justicia patriarcal les garantiza en gran medida que estos casos se sigan repitiendo con total impunidad. Por eso de los 259 femicidios ocurridos en el país en 2018, muy pocos cuentan con condenas a los femicidas y, en muchos casos, incluso siquiera con investigaciones sobre las causas.
Pero no se trata solo de la Justicia. El hecho de que el 20 por ciento de los femicidas sean miembros de las fuerzas de seguridad da cuenta del rol nefasto de las fuerzas represivas del Estado también en los casos de violencia de género. Son ellos quienes deben recibir las denuncias de violencia de género e, incluso, garantizar las medidas de protección de las mujeres como en los casos de restricción perimetral. Pero hacen todo lo contrario revictimizando a las mujeres y hasta garantizando la impunidad en el manejo de las escenas del crimen. Y todo esto se da con el aval de los gobiernos de turno, desde el nacional de Mauricio Macri, hasta cada uno de los gobiernos provinciales y municipales que se sacaron fotos en apoyo al #NiUnaMenos pero solo han avanzado en la reducción de los programas y los presupuestos para la atención de las mujeres en situación de violencia. Sin ir más lejos, del flamante Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, anunciado en 2017, no hay noticias de avances. Y en el presupuesto 2019 solo se han aprobado $11,36 por cada mujer para las políticas de género. Por eso decimos que los gobiernos, la Justicia y la policía también son responsables de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ellos nos prefieren con miedo y sumisas para poder garantizar nuestra superexplotación.
Para terminar con los femicidios llamamos a todas a seguir en las calles movilizándonos contra la impunidad de violadores, violentos y femicidas. Reclamamos plata para el cumplimiento de la ley 26.485, de erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres y no para la deuda externa. Hagamos realidad el grito de #NiUnaMenos. Los gobiernos son responsables.
