Escribe Martín Fú
Ana María Martínez era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST, antecesor de Izquierda Socialista), secuestrada y asesinada por la dictadura en febrero de 1982. Luego de 36 años de su brutal asesinato, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín fallará el próximo 6 de diciembre, a favor o en contra del general (R) Norberto Apa, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201, y del coronel (R) Pascual Muñoz, ex jefe del Departamento de Personal, ambos con sede en Campo de Mayo, quienes son acusados de proveer logística y personal para concretar el secuestro y posterior asesinato de nuestra compañera Ana María. Las querellas, conformadas por el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos y el equipo de Pablo Llonto han pedido perpetua e inhabilitación absoluta con cárcel común para los militares. El pasado jueves fue el turno de los alegatos de los defensores, a cargo de María Laura Olea -hija del múltiple condenado genocida Enrique Olea- y Gerardo Ibáñez, que en defensa de Apa descargaron una artillería de lugares comunes que en cada juicio de lesa humanidad los genocidas esgrimen como estrategia, negar el genocidio, que no fue un crimen cometido por el terrorismo de Estado, que por ende debería considerarse prescripto y que los testimonios aportados por los testigos estaban cargados de “subjetividades” y que se “habían deformado después de tanto tiempo transcurrido el crimen”.
Pero abriendo el paraguas ante una condena, pidieron no aplicar la reclusión perpetua por considerarla “anticonstitucional” e ir en contra de los derechos humanos, derechos que les fueron negados a todas las víctimas del genocidio. Y pedir que se les conserve el privilegio de la prisión domiciliaria. Lo mismo fue expuesto y pedido por el abogado de Muñoz. Laura Marrone, legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, presente en la audiencia, luego del cuarto intermedio salió al cruce de los abogados genocidas, recordándoles que fue un genocidio y “que Ana María fue asesinada por militante revolucionaria y del PST”, a lo cual fue obligada a dejar la sala.
El próximo 6 de diciembre los acusados podrán hacer uso de la palabra antes de conocer el fallo del tribunal. Desde la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez convocamos a concentrar a las 8.30 en la plaza San Martín para luego marchar al juzgado donde se conocerá la sentencia. Seguimos luchando y movilizados, reclamando justicia y cárcel común para todos los genocidas.
