Escribe Guido Poletti
Mientras la devaluación y la carestía de alimentos y otros artículos de primera necesidad pulverizan nuestros salarios, el gobierno de Macri lanza un nuevo tarifazo en las facturas de gas. El aumento, formalmente de 30%, significará para la mayoría de las familias trabajadoras boletas con un incremento superior a 50%. Todos terminaremos recibiendo boletas de 1.500 pesos promedio.
Pero eso no es lo peor. Lo increíble es que a esa suba la acompañará simultáneamente otra. Según una nueva resolución de la Secretaría de Energía, todos los usuarios deberemos pagar además 24 cuotas de “compensación” a las gasíferas por lo que supuestamente habrían perdido por la devaluación. Algo absolutamente ilegal por donde se lo mire: se obliga a los usuarios a pagar un monto “desconocido”, ya que se dice textualmente que será la diferencia entre el dólar a 20 pesos (abril pasado) y lo que sea que esté el valor de la divisa a fin de año. Y además, ese importe será en función de lo consumido en los meses anteriores. ¡Las facturas que ya pagamos, nada baratas por cierto, ahora resulta que “tendrán una deuda” que debemos cancelar en esas 24 cuotas!
Mientras a los trabajadores “nadie los compensa” por lo que se perdió estos meses (que ya supera el 10% del poder de compra de nuestros salarios), las gasíferas, que se embolsan millones, ahora reclaman, y el Ministerio de Energía les concede, un aumento en ese concepto. Encima, el ministro Iguacel deslegitima el reclamo de quienes denuncian el saqueo, acusándolos de “militantes”. ¡Iguacel está haciendo méritos aceleradamente para convertirse en otro ministro sirviente de los monopolios gasíferos y las petroleras y de las empresas de servicios públicos privatizadas como su antecesor, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren!
Todo es absolutamente escandaloso. Los aumentos de tarifas son astronómicos, desproporcionados por donde se los mire e incluso ilegales aun bajo la lógicas más básica de la economía de mercado: si alguien compra algo y lo paga, no se le puede “cobrar de vuelta”. ¡Sin embargo esto es lo que se hará!
No podemos permitirlo. Tenemos que repudiar activamente este nuevo tarifazo y organizarnos para rechazarlo. Llamemos a asambleas de vecinos en los barrios, juntemos firmas para presentar amparos masivos ante la Justicia o hagamos marchas a las oficinas de las empresas o del Enargas (ente regulador que autorizó este aumento). Exijamos que se retrotraiga este y todos los anteriores al conjunto de los servicios públicos. Y planteemos una salida de fondo: estas empresas no van más. Saquearon el país a lo largo de 25 años brindando servicios pésimos, nunca invirtieron nada -ni siquiera lo que tenían que hacer obligatoriamente de acuerdo con los propios contratos de concesión-, y se embolsaron miles de millones en concepto de subsidios. Hay que rescindirles todos los contratos y reestatizarlas bajo gestión de los propios trabajadores y los usuarios. Sólo así podremos tener tarifas a valores populares y la calidad del servicio que merecemos.
