Escribe Diego Martínez

En la Argentina viven, según datos de diciembre de 2019, 16 millones de personas en situación de pobreza y 3,6 millones de personas en situación de indigencia, es decir que no llegan a garantizar la comida y los elementos mínimos de subsistencia (datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA).  

Esta situación se agravó desde la aparición del coronavirus. A la ya tumultuosa cifra de ocho millones de argentinos que se alimentaban diariamente en comedores barriales, se sumaron tres millones más que requieren de atención alimentaria. Se trata de cuentapropistas y trabajadores en negro que no cuentan con ningún ingreso, y al ver paralizadas sus actividades necesitan ser asistidos.

La comida no alcanza

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo en relación con la crisis de la comida que “la Argentina tiene una gran red social que está conteniendo la situación” (radio AM 750, 28/3). Los hechos demuestran lo contrario. 

En los barrios del Gran Buenos Aires los vecinos hacen colas de hasta seis horas para recibir los bolsones de alimentos que se distribuyen a través de los municipios después de haber tramitado turnos por whatsapp o por teléfono que los habilitan para recibir la mercadería. Pero, una vez que se inicia la distribución, la cantidad de comida de la que se dispone es insuficiente. Muchos vuelven a sus casas con las manos vacías. En los últimos días las líneas telefónicas de atención al vecino estaban colapsadas y los mensajes ya no eran respondidos. Como si esto fuera poco, en las redes se viralizaron videos en los que se observa cómo, mientras los vecinos hacen larguísimas colas para recibir bolsones que sirven para alimentarse apenas un par de días, los punteros del PJ se llevan grandes cantidades de comida para repartir por su cuenta de forma clientelar, e incluso para su consumo personal. 

El alimento que se reparte en establecimientos escolares tampoco alcanza. En muchos casos la cantidad de bolsas es inferior a la matrícula. Debido a la desorganización, las escuelas se encuentran totalmente colapsadas en los días de entrega de mercadería y se generan grandes concentraciones de personas que ponen en riesgo la salud de todos. 

Las raciones que reparte el ejército son absolutamente insuficientes. Hasta el momento solo lo hacen en Quilmes y La Matanza, donde entregan comida a 24.000 personas en un distrito donde residen un millón de pobres. El drama de la falta de alimento se repite a lo largo y a lo ancho del país.

¡Comida para todos y todas! ¡Que el gobierno se haga cargo!

En un país que produce alimentos para 400 millones de personas es vergonzoso que estemos viviendo esta situación. Si algo desnudó la crisis del coronavirus son las consecuencias sociales del modelo de entrega, saqueo y beneficio de las grandes patronales que impusieron todos los gobiernos (peronistas, radicales o de PRO) a costa del hambre del pueblo trabajador argentino. 

El ministro Arroyo dijo estar confiado en que la Argentina tiene una “gran red social de iglesias y organizaciones barriales que van a contener la situación social” (Télam, 28/3). Pero es el gobierno de Alberto Fernández el que tiene que hacerse cargo de garantizar la comida de los once millones de argentinos que la necesitan. Para ello se impone adoptar de forma inmediata medidas como la triplicación del ingreso familiar de emergencia, el aumento de los subsidios sociales y la creación de un fondo de emergencia basado en fuertes impuestos a los bancos, multinacionales y grandes empresarios, y en la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.