Escribe Fernanda Giriborne Stanley
Jujuy es una de las provincias más pobres del país, y por lo tanto con mayores dificultades para enfrentar la pandemia. Cerca del 50% del empleo es informal, y día a día se suman despidos, suspensiones y rebajas salariales. La situación económica se ha ido agravando y en los barrios crece la incertidumbre, el hambre se hace sentir. A la situación general se suman los efectos de las inundaciones, que ha dejado a miles de evacuados y autoevacuados la semana pasada, y a la epidemia de dengue, que tiene cerca de 900 casos.
En el plano sanitario, el estructural desfinanciamiento de la salud es brutal. Desde mucho antes de la pandemia, los trabajadores del sector denunciaban el desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema de salud pública, la falta de recursos humanos, sobre todo en las especialidades, la tercerización de los empleos y la precariedad laboral. Sin embargo ,el gobernador radical Gerardo Morales, ha decidido suplir la imposibilidad de dar una respuesta sanitaria con encierro y represión.
Ha sido el primer gobernador en declarar la suspensión de las clases, y el aislamiento, incluso antes que el gobierno nacional. Pero junto con esto, el gobierno provincial ha implementado un aceitado sistema para reprimir, ajustar y recaudar. La provincia ha sido conocida por montar “corralitos” en las plazas para aquellos que incumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de un sistema de vallado desmontable para detener personas y dejarlas en un espacio público a la vista de todos, en una superficie donde no es posible mantener el distanciamiento social, ni lavarse las manos, sin agua potable o baño. Gerardo Morales también es conocido por su fuerte operativo fiscal de cobro de multas, sobre todo la que pena las salidas sin autorización o la falta de barbijo que se ha vuelto obligatoria. También como forma de “ahorro” ha rebajado el sueldo de los docentes, a quienes no se abonará el ítem “frente a alumnos” y se les reconocerá solo el 10% del presentismo.
Con el discurso de cuidar a los jujeños no ha evitado tampoco razzias y redadas con balas de goma, detenciones arbitrarias, y la expulsión de personas de la provincia. La deportación de 80 extranjeros que se encontraban ya con la cuarentena cumplida le ha costado al gobernador un pequeño escándalo de alcance internacional. Sin embargo, cuando trabajadores y estudiantes quieren regresar, se topan con las peticiones más absurdas, viéndose obligados a abonar el traslado, hotel (para la cuarentena), comida en los hoteles e incluso ahora se solicita que paguen su propio test. La realidad de los trabajadores “golondrina” jujeños se encuentra muy lejos de la de los repatriados desde Europa que han cumplido su cuarentena en hoteles de categoría, con todo incluido. En las últimas apariciones, el gobernador ha propuesto que quienes den positivo al test se mantendrán en sus casas que serán fajadas para que todos los vecinos conozcan la situación y funcionen como control social.
En nuestra provincia la pandemia no hizo más que dejar al descubierto las condiciones estructurales en la que vivimos los jujeños. En este sentido es urgente que en nuestra provincia cesen las medidas represivas y estigmatizantes, para que a los problemas sanitarios se presenten respuestas en el plano de la salud, comenzando por el aumento del presupuesto.
