Escribe José Castillo

La planta de Aluar de Puerto Madryn ha suspendido a gran parte de sus trabajadores, con pagos del 50% del salario. Acindar también tiene un cronograma de suspensiones en su planta de La Tablada. En Tierra del Fuego, hay una auténtica ofensiva patronal, encabezada por los cientos de despidos en Mirgor. En Catamarca 100 trabajadores de la empresa Mogetta, contratista de la multinacional Livent, que explota litio en Antofagasta fueron despedidos por Whatsapp, sumando ya 500 desde que empezó la cuarentena. A todo esto, hay que sumarle las suspensiones masivas en todas las plantas automotrices del país.

En otros casos, como Dánica, sólo la lucha de los trabajadores obligó a la empresa a dar marcha atrás con los despidos. En el frigorífico Penta sigue la lucha, con la patronal continuando con sus ataques, ahora presionando a delegados.

Lo concreto es que, tomando los propios datos oficiales, en lo que va de la cuarentena se iniciaron unos 100 expedientes de conciliación obligatoria en el ministerio de Trabajo y se recibieron 500 denuncias de empresas que inclumplieron con el pago total de haberes o avanzaron con despidos.

Los despidos y suspensiones están prohibidos por decreto de necesidad y urgencia. No debemos aceptar ninguna “excepción”. Todos los trabajadores que fueron echados deben ser reincorporados y los que están suspendidos tienen que cobrar el 100% de sus salarios. Y toda empresa que suspenda, eche o cierre con la excusa de la crisis, debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.