Escribe Diego Martínez
La pobreza sigue creciendo en el país a un ritmo alarmante. No se trata de un fenómeno nuevo. Durante 2019 se sumaron 2,2 millones de pobres (datos Indec). El crecimiento se siguió manifestando durante el primer trimestre de 2020, tras la asunción de Alberto Fernández a la presidencia. Es la expresión de las políticas de ajuste, los pagos al FMI y los beneficios a las grandes empresas que vienen aplicando los sucesivos gobiernos en detrimento del bienestar de los trabajadores y los sectores populares.
Nuevos pobres
Los datos oficiales de diciembre de 2019 dicen que en la Argentina hay 35,5% de pobreza, pero ese dato quedó totalmente desactualizado. Desde que se desató la crisis del coronavirus se calcula que entre 4 y 5 millones de trabajadores que están en negro o haciendo changas dejaron de percibir ingresos (datos Clarín, 19/4/2020). Muchos se encuentran en situación de pobreza y varios en situación de indigencia. Por primera vez en su vida piden la ayuda del Estado para poder subsistir. Además, muchas de las personas que venían recibiendo planes sociales complementaban sus ingresos con changas o algún emprendimiento familiar, que ahora no pueden realizar. Los “viejos” pobres están a su vez más empobrecidos. Para paliar esta situación el gobierno dispuso de un bono de 10.000 pesos a cobrar por única vez que resulta totalmente insuficiente para una familia y que muchos cobrarán recién después del 5 de mayo. De los 12 millones que se inscribieron para recibir el ingreso familiar de emergencia (IFE), 4 millones fueron rechazados, la gran mayoría de ellos por problemas burocráticos, quedando totalmente a la deriva. Aunque es un monto insuficiente, nosotros reclamamos que sea de 30.000 pesos, hay que otorgárselo a todo aquel que lo necesite.
Comida para todos y todas
La situación en los barrios es alarmante. El principal drama es la falta de comida. La asistencia alimentaria que dan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios es totalmente insuficiente. En los municipios ya no responden a nuevas solicitudes de comida, las organizaciones sociales denuncian que reciben menos alimentos que los que les corresponden, las escuelas reciben bolsones en una cantidad mucho menor que su matrícula y en varias provincias no se deposita el dinero correspondiente en la tarjeta alimentaria. Los que tienen la suerte de recibir un bolsón obtienen muy pocos artículos que a los dos o tres días se acaban. Frente a esta situación muchos vecinos en los barrios deciden solidariamente dar de comer en sus casas, poniéndose en riesgo de contagio al hacerlo sin los elementos y las condiciones de protección correspondientes. Lamentable. Es el gobierno nacional el que tiene que asegurar la comida para todos los que la necesiten.
Para garantizar la comida en todos los barrios del país y un verdadero ingreso familiar de emergencia que se cobre mensualmente, que lo cobre cada miembro del matrimonio, y no solo uno de ellos, y que alcance la suma de 30.000 pesos, es necesario implementar un fondo de emergencia de forma inmediata. Hay que utilizar los 4.500 millones de dólares que están predestinados al pago de deuda externa a estos fines, así como también aplicar un impuesto a los grandes empresarios y a las multinacionales, como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad ¡Que la crisis la paguen los ricos, las grandes empresas y los bancos, no los trabajadores y el pueblo!
