Escribe Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

A la terrible situación que ya padecemos las trabajadoras y trabajadores venezolanos, ahora se suman las consecuencias de la pandemia y el confinamiento social que ha impactado severamente en la economía ya destruida del país. Todo esto ha ocasionado un acrecentamiento de las catastróficas condiciones sociales en Venezuela.

En las últimas semanas hemos presenciado cómo los precios de los productos de primera necesidad se han ido hasta las nubes mientras nuestros salarios son cada vez más miserables. Empresarios y comerciantes aprovechan la cuarentena y la crisis sanitaria para incrementar abusivamente los precios de los productos esenciales.

Esto ha agudizado el hambre y la desesperación en miles de pobladores de los barrios populares, especialmente en las zonas más pobres del país, que han salido a saquear comercios en sus localidades al grito de “Tenemos hambre, queremos comida”. Ante eso, el gobierno vuelve al expediente de la represión. Ya hubo un muerto y dos heridos de bala en la población de Upata, en el estado de Bolívar.

Si bien es importante mencionar que aún son protestas aisladas y no masivas y en zonas poco pobladas, el gobierno de Maduro, temiendo la explosión social, hace esfuerzos por garantizar algo de comida a través de las cajas Clap y mínimos servicios en las grandes ciudades, especialmente en Caracas.

Todas estas protestas y saqueos son expresión del hambre que sufren millones de habitantes de los sectores populares cansados de la frustración de no poder comprar comida a sus hijos.

El gobierno busca acordar precios con los empresarios y ocupa temporalmente algunas empresas. Esta política ha fracasado en otras ocasiones.

En tal sentido, el Partido Socialismo y Libertad sigue planteando que es necesario imponer con la movilización un plan económico y social de emergencia. El gobierno de Maduro debe orientar todos los recursos económicos a enfrentar la crisis social y sanitaria.

Hemos venido llamando a todos los sectores sindicales, organizaciones populares, juveniles y a la verdadera izquierda revolucionaria a unificarnos para dar la pelea por ese plan que parta de exigir un salario igual a la canasta básica.

No se puede seguir pagando la deuda externa. Debe suspenderse el gasto en armas, así como los ejercicios militares. Hay que confiscar los bienes de los corruptos de Pdvsa y los importadores fraudulentos, así como cancelar los contratos de empresas mixtas con las transnacionales; asimismo, imponer a los grandes grupos empresariales, banqueros y transnacionales un impuesto especial para atender la crisis social y sanitaria.