Escribe Alejandro Solís

El 30 de mayo fue detenido en Uruguay Sebastián Romero, militante del PSTU y uno de los perseguidos por participar de la masiva movilización al Congreso de diciembre de 2017, cuando el gobierno de Macri votó (con el aval del peronismo) la reforma jubilatoria. Una ley que ajustó a millones de jubilados por orden del FMI. Más de 100 mil personas repudiaron la ley y sufrieron una feroz represión.

Romero fue señalado por la difusión de imágenes donde tira una bomba de estruendo, sin cometer delito alguno. Con ese argumento se extendió un pedido de captura internacional y una recompensa millonaria para atraparlo. Medida que este gobierno sostuvo a través de la ministra Frederic.

De esta forma lo convirtieron en un chivo expiatorio del entonces gobierno de Macri y Patricia Bullrich, en un intento de encubrir el ataque a los ingresos de millones de jubilados. Mismo método que aplicó contra el pueblo mapuche, calificandolo de “terrorista”. Macri-Bullrich tildaban de “violentos” a quienes se manifestaban contra su plan de ajuste, al servicio de los grandes capitalistas. A Romero se le imputan una ristra de delitos como “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado”. 

En paralelo y varios meses después, en septiembre de 2018, se detuvo a Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero y militante también del PSTU. Quien estuvo varios meses preso por ser parte de las mismas jornadas, del 14 y 18 de diciembre. Una forma de extorsión para lograr el encarcelamiento de Romero. Sin embargo, una amplia campaña exigiendo la libertad de Ruiz, encabezada por organismos de derechos humanos, personalidades y la izquierda, entre ellos nuestro partido, tuvo éxito.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda repudiamos la campaña contra los que luchan y llamamos a la más amplia unidad para exigir, junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, el traslado de Sebastián Romero a Argentina, su inmediata libertad y el cierre de la causa que permitió la persecución. Los delincuentes fueron los Ceos de Macri que gobernaron para los bancos y las multinacionales, no los trabajadores y luchadores. Hoy, como ayer, defendemos el derecho a la protesta contra los planes de ajuste y repudiamos su represión.