El gobierno está negociando reformas al largamente postergado proyecto de impuesto a la riqueza para no chocar con los grandes empresarios. Ahora más que nunca es necesario implementar un verdadero impuesto que grave a las grandes fortunas y empresas que beneficie realmente a los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Alberto Fernández estuvo de gira por Formosa y Misiones. En Formosa se abrazó con  Gildo Insfrán, de quien dijo que es un “gran gobernador y persona”. Insfrán gobierna hace veinticinco años una de las provincias más pobres del país como un feudo, estuvo vinculado a distintos hechos de corrupción, entre ellos el caso Ciccone, junto con Boudou, y reprimió a la comunidad Qom en 2010, donde perdió la vida Roberto López. Como se ve, Insfrán dista mucho de ser una persona de la que se pueda destacar su “humanidad”.

Haciendo gala de su doble discurso, en Misiones Fernández declaró que “es una buena oportunidad, después de que esta pandemia pase, para replantearnos seriamente el país. Todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con tanta desigualdad”. Al mismo tiempo afirmó que “un sistema más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas y castigar a los ricos” (Télam, 28/5/2020).

 Es un hecho de la realidad que la Argentina es un país con mucha desigualdad. Según datos del Indec, el 10% más rico de la población tiene ingresos equivalentes al 32,8% de toda la riqueza del país, mientras que los ingresos del 10% más pobre representan el 1,5% del total. Ahora. ¿es posible revertir esa desigualdad social sin atacar la ganancia de las grandes empresas?

Una vez más, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza?

El gobierno anunció hace casi dos meses un proyecto para gravar las grandes fortunas. En todo este tiempo las excusas y los rumores se van renovando pero la presentación del proyecto se dilata cada vez más. 

Esta semana Carlos Heller, en nombre del Frente de Todos, declaró: “Estamos esperando que se estabilice el sistema de reuniones virtuales y firmas digitales”. A Juntos por el Cambio y a las grandes patronales que se oponen al proyecto la excusa de Heller les vino como anillo al dedo: “Para los debates más importantes pendientes esperamos que los colegas puedan volver a sentarse en el recinto, porque el debate parlamentario rico es cara a cara”, sentenció Mario Negri (Clarín, 31/5/2020).

Cuando se le preguntó a Heller concretamente cuándo se presentaría el proyecto, respondió “durante el mes de junio”, sin especificar la fecha. Como desde el gobierno no quieren dar “malas señales” a los buitres financieros, a Fernández le habrían aconsejado no avanzar con la discusión del impuesto hasta que se termine la negociación con los bonistas. Tomando esto en cuenta, podría ser que el proyecto entre en comisiones recién a fin de mes, para pasar luego a la Cámara de Diputados y después al Senado, con lo cual, trámites burocráticos mediante, la ley se votaría, con suerte, recién en agosto. Mientras tanto, ya va a haber pasado casi todo el invierno, junto con el pico de la pandemia, sin contar con fondos para aumentar el presupuesto de salud y para resolver los problemas de los trabajadores y los sectores populares. Los trabajadores de la salud atravesarán todo ese período sin los insumos adecuados, en los barrios populares la comida seguirá sin alcanzar y los pequeños comerciantes no tendrán ninguna ayuda real de parte del Estado para subsistir.

Pero lo peor de todo es la discusión acerca de quiénes serían los destinatarios de lo que se recaude con el impuesto. Mientras para nosotros lo que se perciba con un verdadero impuesto a la riqueza, como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad, con capacidad para recaudar 20.000 millones de dólares –cuyo tratamiento fue denegado con el voto del conjunto de los partidos patronales–, debería estar destinado al sistema de salud y sus trabajadores, paliar la crisis social en los barrios y dar subsidios para los pequeños comerciantes, para el gobierno, que está negociando con Lavagna y otros sectores de la oposición, se asignaría a “inversiones productivas”, léase a las grandes empresas. Lejos de “castigar a los ricos”, Fernández busca seguir otorgándoles beneficios. De prosperar esta iniciativa, la famosa “redistribución” se haría solo para los de arriba. Se le sacaría un poco a algunas empresas para subsidiar a otras.  

Para colmo de males, mientras los trabajadores pagamos el IVA de 21% todos los días e incluso una parte importante del impuesto a las ganancias proviene de retenciones sobre salarios, el presidente se encargó de aclarar esta semana, para tranquilidad de los más ricos, que el “aporte solidario” de las grandes fortunas se cobraría por única vez.

El impuesto a la riqueza no puede esperar

La cantidad de infectados por el coronavirus está creciendo día a día. De igual forma se extiende la otra pandemia, la del hambre y la pobreza. Para que los trabajadores y los sectores populares podamos cuidar nuestra salud haciendo la cuarentena sin pasar hambre, para fortalecer el sistema de salud y pagarles salarios dignos a sus trabajadores y para evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina es necesario más que nunca que se imponga un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas en el país y, junto con el no pago de la deuda externa, se constituya un fondo de emergencia para que la crisis la paguen las grandes patronales y no los trabajadores.