Escribe Claudio Funes

La crisis económica y social se ha profundizado a niveles impresionantes producto de la pandemia del coronavirus. Las familias trabajadoras y de los sectores populares conviven con el miedo al contagio, la rebaja salarial, el hambre, la desnutrición y la angustia que provoca la incertidumbre del futuro.

La actual situación se puede describir con números, pero lejos están de mostrar el tremendo impacto que provoca en el ánimo de millones que, a pesar de todo, no se resignan. 

En abril, el endeudamiento total familiar llegó a 1,7 billones de pesos, el 30% es deuda no bancaria y afecta a 1,5 millones de hogares, con un monto promedio de 150.000 pesos cada familia. Dejar de pagar compromisos y acumular deuda es una de las estrategias familiares para sobrevivir sin ingresos, o con recortes salariales durante marzo y abril. Esta situación se agravó en mayo.

La Universidad Católica Argentina (UCA) estima que la pobreza ya llegó a 45% (dato de abril) y abarca cada vez a mayores sectores de trabajadores que han profundizado su situación de empobrecimiento. Esto se debe a que las patronales despiden, reducen horas, quitan adicionales y rebajan salarios.

Un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo de la Universidad de Salta indica que la pobreza infantil post pandemia llegaría a 58%, y agrega  que en el NOA la cifra alcanzaría al 64 por ciento. Esto quiere decir que las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales llevarían la pobreza infantil a 7,7 millones de niñas y niños y arrojaría a 400.000 a la indigencia. 

Entre los sectores más castigados se encuentran 2,8 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, 16.864 pesos. No mucho mejor están los que cobran más de una mínima o dos. ¿Quién puede vivir con estas sumas miserables? 

A estas calamidades debemos agregar la inflación. Los alimentos de mejor calidad nutricional aumentaron 57% promedio durante el último año. El consumo de harinas, azúcares y dulces se hace habitual. La mala nutrición se verifica en el retraso crónico de crecimiento que se expresa en la talla más menuda de los niños.

Ante la pandemia, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos, dinero necesario pero absolutamente insuficiente. En abril lo cobraron 7,8 millones de personas y a otros cuatro millones la Anses, extremadamente meticulosa, les rechazó la solicitud por “no cumplir con los requisitos”.

Un viejo principio griego dice: “La aritmética puede muy bien ser objeto de las sociedades democráticas, pues enseña las relaciones de igualdad, pero la geometría solo debe ser enseñada a las oligarquías, ya que demuestra las proporciones en la desigualdad”. Esto podría aplicarse también al doble discurso del actual gobierno peronista. 

Hablando de las proporciones de la desigualdad, veremos que no todos se sacrifican. 

El gobierno financia con plata de los jubilados el 50% de los salarios –incluyendo abultados sueldos de gerentes– de grandes empresas como Fate, Aluar; el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y hasta McDonald’s y Burger King, que en mayo emitió recibos por cero peso, porque el subsidio cubrió el ciento por ciento del salario de sus trabajadores. El Grupo Clarín, que fugó 650 millones de dólares, recibe este subsidio del Estado. También lo percibe la cerealera Vicentín, que estafó al Banco Nación. Todos “cumplen con los requisitos” para recibir el ATP.

El multimillonario Nicolás Caputo, beneficiario de los tarifazos energéticos con el anterior gobierno y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, también cobró el ATP para luego volar a Miami en un avión privado.

También lo percibieron todos los directivos y dueños del diario La Nación.  

Pero nada les alcanza. La UIA ya está reclamando a través de su presidente, Miguel Acevedo, y el vice de la entidad y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, que la asistencia estatal para abonar la mitad de los salarios  se extienda al medio aguinaldo. 

Dejamos para el final el caso especial de Techint, que también solicitó el subsidio del Estado. Su CEO Carlos Eduardo Bacher, que despidió a 1.450 trabajadores, también se benefició de él. La “gran novedad” que dio a conocer es que renuncia a las ATP del mes de mayo y que hasta devolverá la totalidad de la suma recibida en abril. Ciertas restricciones que dispuso el gobierno para los beneficiarios del programa no le resultan convenientes para sus negocios. Otro tanto harían el Grupo Clarín y otras trescientas empresas.

La resolución del “miserable” Paolo Rocca y demás empresas demuestran lo que venimos denunciando desde Izquierda Socialista: que los grandes capitalistas y las multinacionales estaban en condiciones de abonar a todos sus trabajadores los salarios en término y al ciento por ciento. 

Afirmamos que el subsidio y la rebaja salarial eran solo un negocio que el gobierno de Alberto Fernández le obsequiaba al gran capital con perjuicio directo para al pueblo trabajador y los sectores populares, sobre cuyas espaldas se está descargando un tremendo ajuste. ¡Basta de ajustar al pueblo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!