En el peor momento de la pandemia, con los más altos números de contagios en el AMBA, con rebrotes en otras provincias y con la mayor cantidad de muertes diarias, el gobierno de Alberto Fernández ha avanzado con la flexibilización de la cuarentena. Por si quedaba alguna duda, ya ni siquiera hay amagues de “diferencias” entre los gobernantes del Frente de Todos y los de Cambiemos. La foto incluyó al peronista gobernador bonaerense Axel Kicillof, al porteño de Cambiemos Horacio Rodríguez Larreta y, por si quedaba alguna duda, al radical jujeño Gerardo Morales.

¿Por qué se abre todo justo ahora, exponiendo a millones al contagio y generando el serio riesgo de terminar en un colapso sanitario? La causa central es que tenemos un gobierno de doble discurso, un gobierno peronista que dice una cosa y en la realidad termina gobernando para los de arriba, pactando con las multinacionales, los bancos, el “campo” (como le dijo Fernández al Financial Times, en realidad deberíamos decir los grandes monopolios agroexportadores) y que deja correr los despidos y la rebaja salarial.

Lo que sucede ahora es que se abre todo, mucho más incluso que en las semanas anteriores, haciéndose eco de las presiones de las patronales de la industria y el comercio, que vienen insistiendo sistemáticamente en que “lo importante es la economía”, con total desprecio de los riesgos del contagio entre los trabajadores. Ya antes de la actual flexibilización, en la provincia de Buenos Aires estaba funcionando el 70% de la industria. Ahora, prácticamente, se abrió todo. Millones de personas tendrán que trasladarse del conurbano bonaerense a la Capital, con el consabido riesgo de tener que viajar en el transporte público, que ya está comprobado que es una de las fuentes principales de contagio. Cínicamente, los gobiernos peronistas de Fernández y Kicillof y el de PRO de Larreta, cargan la culpa del posible aumento de los contagios sobre los propios trabajadores, llamando a la “responsabilidad ciudadana”.

Pero hay otra causa que obligó al gobierno a la flexibilización. La realidad es que se estaba empezando a dar de hecho. En un amplio espacio de los sectores populares y la clase media comenzaron a primar el cansancio y la desesperación. No se trata, como machacan algunos periodistas, de permitir a las personas que corran por los parques o no. La cuestión es mucho más dramática, millones se ven obligados a salir por la necesidad de ganarse el peso para llevar comida a su casa. Trabajadores cuentapropistas, pequeños comerciantes, vendedores o profesionales independientes “ya salieron a trabajar”, estando su actividad habilitada o no, porque no les quedaba otra. Porque es imposible que un grupo familiar se arregle con los 10.000 pesos del IFE (que además se termina cobrando bimestralmente). Y porque se sumaron miles que pasaron a engrosar la cifra de desocupados en estos meses.

La contrapartida de todo esto es que, mientras la crisis sigue pegando, y cada vez más fuerte, sobre la clase trabajadora y los demás sectores populares, las grandes patronales continúan “recolectando” más y más privilegios. Tenemos los despidos en Latam, 25% de rebaja salarial en innumerables gremios (vía el acuerdo burocracia-patronales-gobierno), el intento de profundizar la flexibilización a los trabajadores petroleros, la “legalización” de la super flexibilización de los repartidores de las aplicaciones como Glovo o Rappi, la falta de respuesta a los choferes de la UTA que están en lucha en el interior del país o el ajuste sobre los aeronáuticos de Austral que siguen con sus caravanas, por citar solo algunos ejemplos.

Se favorece también a los empresarios con la ya larga serie de subsidios, créditos a tasas privilegiadas y reducciones de cargas patronales, se suma el compromiso del gobierno para garantizar “un cuarto mes” de ATP (asistencia al trabajo y la producción) por la que el Estado le financia a las patronales un monto de entre uno y dos salarios mínimos de su nómina salarial. Recordemos que la excusa para semejante regalo era que, al mismo tiempo, las empresas se comprometían a no despedir ni suspender, compromiso que se ha violado flagrantemente: casi 300.000 puestos de trabajo en blanco se han perdido desde el comienzo de la cuarentena. A esto se suma el anuncio del gobierno peronista de una moratoria impositiva donde, con la excusa de que se trata de una ayuda para las pymes, se les terminará perdonando el pago de impuestos a las más grandes empresas, nacionales y extranjeras, que operan en nuestro país.

Por si todo esto fuera poco, la última novedad es que, a pesar de que el gobierno les había ofrecido a los pulpos internacionales una renegociación de deuda totalmente favorable para ellos, estos, con el buitre mayor BlackRock a la cabeza, se dan el lujo de “rechazarla” y exigir más aún. Una nueva demostración, por si todavía hacía falta alguna, de que no hay renegociación “progresista” alguna de la deuda externa.

Estamos yendo por un camino en el que vamos a tener que convivir con la pandemia sin recursos, en medio de una profundización de la crisis social y económica. Y con un horizonte en el futuro inmediato, donde incluso, vía los pagos de deuda, se nos va a exigir un ajuste mayor aún. Más que nunca vuelve a estar planteado quién pagará esta crisis, si los trabajadores o las grandes patronales, los bancos y los acreedores externos. Desde Izquierda Socialista insistimos que tenemos que seguir enfrentando esta situación, como las protestas de los aeronáuticos de Latam y de Austral, o los choferes de Córdoba que consiguieron reclamos importantes. 

Frente a una pandemia que no ha terminado tenemos que ir a una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales. Para eso hace falta plata, que existe. Está en manos de los multimillonarios argentinos que pueblan la lista de la revista Forbes, como Paolo Rocca, Bulgheroni o Galperín, en las superganancias de los bancos y las multinacionales que operan en la Argentina. Con nombres que todos conocemos: Santander, HSBC, Citibank, las automotrices Toyota, Volkswagen, Ford, los monopolios cerealeros como Bunge, Cargill o ADM, o los grandes laboratorios que obtienen millonadas gracias a los precios carísimos de los remedios. Es urgente la implementación de un impuesto a las grandes riquezas, como el que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad. Y, junto con dejar de pagar la deuda externa, tendremos los recursos para poner en marcha un programa de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades de salud, comida, salario y trabajo.