Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
Desde que comenzó la cuarentena, y con ella un reforzamiento del accionar de las fuerzas represivas a escala nacional, un debate cruza a la izquierda y los espacios de articulación de la lucha por los derechos humanos. El decreto presidencial 297/20 dio luz verde a una catarata de atropellos del conjunto de las fuerzas, que ya se cobró alrededor de un centenar de vidas, incluyendo desapariciones forzadas, gatillo fácil y “suicidios” en situaciones de detención. Ante este marco, desde Izquierda Socialista, en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hemos insistido una y otra vez en que no podía dejar de señalarse la responsabilidad del gobierno nacional en la escalada represiva que estamos atravesando.
En concreto, manifestamos que es equivocado que al nivel de las consignas, que son el mensaje que masivamente buscamos instalar a la hora de desarrollar la movilización, se omita señalar la responsabilidad de los gobiernos. Algo que lamentablemente viene pasando, tanto en el EMVJ como en buena parte de las intervenciones, incluso, de nuestros compañeros del FIT Unidad.
Se rompe así con el accionar que teníamos de conjunto durante el gobierno de Macri, donde jamás dudamos en decir ante el caso de Santiago Maldonado y cada hecho represivo “el gobierno es responsable”. Creemos que levantar esa consigna cuando gobiernan macristas, y bajarla cuando gobiernan peronistas, es algo equivocado, y que, en definitiva, va a terminar minando la propia autoridad política ganada por espacios como el EMVJ.
¿El Estado y no el gobierno?
Para nosotros tiene una importancia clave combatir tanto la idea de que los efectivos de las fuerzas de seguridad, como el propio aparato del Estado, son una fuerza inerte y autónoma que hace lo que quiere sin participación del Poder Ejecutivo, del gobierno. En concreto, fue en este caso un decreto presidencial el que empoderó a las fuerzas represivas a escala nacional. Los gobiernos provinciales ejecutaron ese mandato con indicaciones particulares a las fuerzas locales. Por ende, son responsables.
Sumemos. En el caso de Facundo, Cristina Castro, su madre, insistió en la necesidad de remover al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un personaje con prontuario de colaboración con genocidas y que quedó a cargo de la investigación oficial del caso, colaborando permanentemente con la bonaerense y obstruyendo los pedidos de los abogados. ¿Acaso alguien niega que el apoyo del gobierno nacional al reclamo de remoción no hubiese logrado ya que se lo separe? El gobierno guarda acá también su responsabilidad política al no intervenir. Como la tiene también al sostener a Sergio Berni en su cargo.
Por último, pero no menos importante, las fuerzas de seguridad de nuestro país fueron forjadas en el período post dictadura a imagen, semejanza y necesidades de los partidos patronales. Nadie puede negar que en el ADN de la bonaerense está el PJ. A esta altura del partido está claro que las fuerzas de seguridad son cómplices de las redes de narcotráfico y de trata, de los desarmaderos de autos, de todo un volumen enorme de dinero “en negro”, y que ese universo no podría existir sin la connivencia del poder político, que incluso una y otra vez es denunciado de financiarse en ese circuito. Es lo que señalan los abogados en el caso de Facundo. La protección a ultranza del poder político local a la bonaerense no puede verse de forma escindida de los negocios turbios que hace tiempo se denuncian en torno del puerto de Bahía Blanca.
Por todo esto es que creemos un error no señalar con firmeza las responsabilidades políticas ante la escalada represiva y la desaparición de Facundo Castro. Desde nuestro lugar de defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas debemos tomar como estratégico poder colaborar para que el pueblo trabajador saque la conclusión de que estos gobiernos patronales siempre operan de la mano de un apuntalamiento del poder represivo, y más en momentos de graves crisis como la actual.
El PTS, en este debate en la última reunión plenaria del EMVJ, argumentó que decir “el gobierno es responsable” en el caso de Facundo, implicaría decir “fuera Kicillof”. Esto es falso, e incluso no se condice con la propia acción del PTS, que levantó “el gobierno es responsable” en 2017 sin jamás impulsar el “fuera Macri”. Señalar la responsabilidad política es una forma de exigir respuestas a quién puede darlas, y al mismo tiempo una denuncia. Esa es la potencia y el sentido de la consigna. Al servicio de eso planteamos utilizarla.
La unidad de acción
En algunos debates en el EMVJ, algunas organizaciones nos responden que podemos tener razón con nuestra denuncia, pero que se trata de una consigna que podría dificultar la unidad de acción con el otro espacio de organismos de derechos humanos, vinculados hoy al oficialismo. A esto, nosotros respondimos, y propusimos incluso, que es completamente válido y necesario, como lo hicimos ante la desaparición de Santiago, hacer convocatorias comunes para hacer masiva la movilización, así sea con un único punto de acuerdo. Pero, por otro lado, eso debe combinarse, como hicimos en 2017, con que los materiales propios del EMVJ sostengan nuestro planteo de conjunto. Acto seguido, señalamos que veíamos poco probable que el otro sector quiera movilizarse por su nueva ubicación política y porque viene ejerciendo incluso una denuncia contra quienes se movilizan. Ante esto, la resolución del EMVJ no fue una cosa ni la otra, no se hizo una propuesta de movilización en común al otro espacio (para así clarificar quién rechaza la unidad y la movilización), ni se levantó la consigna que propusimos “el Estado y el gobierno son responsables”.
Convocar a la movilización llamando a las cosas por su nombre
Creemos que es necesario que, en primer lugar, nuestros compañeros del FIT Unidad revean su posición, y podamos, de conjunto, intervenir para que la movilización antirrepresiva en nuestro país parta de llamar a las cosas por su nombre y, con ello, a la denuncia concreta a los responsables materiales y políticos de cada crimen de las fuerzas represivas del Estado. De esa forma podremos impulsar una movilización que no se limite únicamente a reaccionar ante cada hecho, sino que también ayude a que se saquen las conclusiones necesarias de a dónde hay que apuntar para terminar con la represión. El desmantelamiento del aparato represivo del Estado y sus organismos de espionaje, conseguir justicia para cada una de sus víctimas, son tareas irresolubles mientras gobiernen los mismos ajustadores y represores de siempre.
