Escribe Viviana Carranza, ex comisión directiva Foetra Buenos Aires por la minoría, Lista Roja

El viernes 21 el presidente Alberto Fernández anunció que se declaran servicios públicos a la telefonía celular, internet y el cable para “garantizar el acceso a todas y todos”. El decreto invoca “la continuidad, universalidad y accesibilidad” de estos servicios y la intención de promover planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria. Al mismo tiempo, dispone el congelamiento de tarifas hasta fin de año.

Miles de usuarios ven con alivio y simpatía estos anuncios, sobre todo en los sectores populares donde se sufre el impacto de las tarifas exorbitantes de estos servicios, indispensables en la cuarentena para trabajar, estudiar, estar conectados con familiares, y donde se nota la gran diferencia entre quienes pueden pagarlos y quiénes no.

No faltan las críticas y “cacareos” de las multinacionales y del macrismo hablando de la libertad de mercado, amenazando con que “caerán las inversiones”, etcétera. Así defienden y ocultan las inmensas ganancias de Telefónica-Movistar, Telecom-Cablevisión y Claro. Hacia fines de 2019 ya habían aumentado sus tarifas 10 puntos por encima de la inflación, según el Indec, y en abril aplicaron nuevos aumentos de hasta 35 por ciento. Como si fuera poco, se triplicó el consumo de internet, celulares y cable por la cuarentena. Lejos de ser afectadas por la crisis económica, las empresas saldrán de esta pandemia multiplicando sus ganancias.

Muchos esperan que, tras el anuncio, haya un cambio en las reglas de juego. Lamentablemente eso no sucederá. Nos encontramos frente, otra vez, al doble discurso del gobierno de Fernández. 

El decreto, en lo esencial, vuelve a darle al Estado el poder de controlar las tarifas, que ya se habían regulado en 2015 con la Ley Argentina Digital. Sin embargo, tampoco esa ley del gobierno de Cristina garantizó en su momento tarifas accesibles y un mejor servicio.

Ahora el único anuncio concreto es la prórroga del congelamiento tarifario hasta diciembre, con la postergación del aumento previsto en septiembre, de 15 por ciento. Se “patea  para adelante” el tema tarifario en medio de una posible aceleración inflacionaria con el avance de la crisis económica.

Desde la escandalosa privatización de Entel, las multinacionales no han dejado de multiplicar ganancias con la ayuda, también, de los distintos gobiernos peronistas. No solo el del nefasto Menem, que regaló la Entel estatal a cambio de papeles de la deuda externa. También, mientras se promulgaba la famosa “Ley de Medios” (2009), y bajo los furiosos discursos peronistas kirchneristas “anti-Clarín”, se les abrió la puerta a las telefónicas para “agrandar” su negocio con internet y el cable, y además se quedaron con el 4G.

Pero ahora, si alguien tenía dudas sobre la intención del gobierno de Alberto Fernández, Claudio Ambrosini, titular del Enacom, organismo que regula los servicios de estas compañías, se apuró a aclarar: “La idea no es que las empresas pierdan plata… ni estatizarlas, ni nada de eso”. Por eso ni siquiera se piensa en aumentar el miserable 1% de las ganancias de las empresas que recauda el organismo.

Mientras tanto, con el título rimbombante Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicios TIC para Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia Covid-19, se entregarán 18.000 tarjetas telefónicas cargadas… con 250 pesos, una medida que no resuelve la falta de inversión de las empresas en los sectores menos rentables. En los barrios populares de Capital y el conurbano, y en innumerables zonas del interior del país, se multiplican los problemas de señal, incomunicación o servicios totalmente deficientes, como ya quedó demostrado con el fracaso del intento de la “educación virtual”.

¿Cuál es la solución?

El acceso a la conectividad, con servicios de calidad en internet, telefonía y cable con tarifas accesibles, es cada vez más necesario y se vuelve imprescindible, como queda demostrado en la cuarentena. Las multinacionales Telefónica-Movistar, Telecom-Cablevisión y Claro, que tienen en la mira solo sus ganancias y de acuerdo a ellas invierten o no, o directamente se llevan la plata fuera del país, no resolverán el problema de millones de argentinos.Tampoco la postergación de un aumento tarifario ni los discursos del gobierno.

Hay que garantizar el derecho al acceso real a las telecomunicaciones y a la información, otorgando un triple play (telefonía fija y celular, cable e internet) accesible y universal, con tarifas populares. Eso obviamente nunca se logrará mientras el negocio lo sigan manejando pulpos transnacionales como Telefónica, Telecom o Claro, o grupos locales como Clarín. 

Solo una empresa estatal única, que centralice la expansión de las redes, la infraestructura y las inversiones necesarias respondiendo a un plan nacional al servicio de la mayoría de los trabajadores y sectores populares, que esté orientada al desarrollo económico y social y no a las ganancias, puede ofrecer un verdadero servicio público y de calidad con tarifas accesibles. Para esto, la única salida real es la reestatización de las empresas de telecomunicaciones y su puesta en funcionamiento controladas por trabajadores y usuarios.