No por repetida la noticia deja de ser preocupante, la pandemia sigue a pleno. Los casos de contagios ya se cuentan de a 8.000 por día, los muertos también son récord. En varias provincias también se observa el crecimiento, o la reaparición, de casos. En Jujuy la situación ya está totalmente desbordada. Frente a esta realidad, del lado del gobierno nacional peronista de Alberto Fernández, de los provinciales del mismo signo político, o de aquellos manejados por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, se sigue con el planteo de “abrir más actividades”, a la medida de los reclamos de los negocios empresarios, y se carga la culpa de los contagios sobre la “irresponsabilidad personal”. Se invisibiliza así la realidad, los millones que tienen que salir todos los días a trabajar sin que las empresas garanticen los protocolos sanitarios, o aquellos que deben romper la cuarentena para “ganarse el peso” como sea ante la imposibilidad de vivir con los 10.000 pesos bimensuales del IFE.
El otro hecho del que se habla por estas horas se refiere a los dichos del ex presidente peronista Eduardo Duhalde en el programa Animales sueltos del pasado lunes. Allí Duhalde sostuvo que el año próximo no va a haber elecciones y predijo un “golpe de Estado”. Evidentemente, se trata de una afirmación totalmente desubicada, una locura, algo que no está planteado en la realidad. Y que desde ya repudiamos. Pero, a la vez, no vemos que haya ningún tipo de avance de la militarización ni que se fortalezca “la derecha”. Por supuesto que Duhalde se refirió a algo que sí existe, el miedo de las patronales y sus políticos ante la profundización de la crisis, la marginación y el hambre de los sectores populares. Así, el ex presidente afirmó: “Se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’, porque vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil”. Y, frente a esto, planteó la necesidad de la “unidad nacional”. Duhalde ve una dinámica que avanza, más allá de que en este momento no nos encontremos en un pico de luchas obreras y populares, que va a suceder con el incremento de la miseria, el hambre, los despidos y las bajas salariales. Por eso insiste con su fórmula, la misma que puso en práctica en 2002, cuando fue presidente tras la rebelión del Argentinazo, unir al oficialismo y la oposición patronal con la burocracia sindical y la Iglesia. Recordemos que el objetivo en aquel momento era frenar el repudio total a los políticos patronales y reconstruir, de alguna forma, el régimen político y el “orden” necesario para que sigan reproduciéndose las ganancias empresarias. Duhalde ahora critica al gobierno por la reforma judicial, y al mismo tiempo dice defenderlo. Pero es una defensa “locoide”. A pesar de que Duhalde se ha reunido varias veces en el último tiempo, y que incluso lo ha hecho la semana pasada con el gobernador Kicillof justamente para analizar la situación social del conurbano, el propio gobierno ahora sale a repudiar fuertemente los planteos del ex presidente. Los dichos de Duhalde son, en conclusión, un reflejo de la crisis del peronismo y del régimen político en su conjunto.
Mientras tanto, Alberto Fernández siguió con la costumbre de hacer un anuncio que “cae simpático” cada semana. Esta vez fue la declaración como “servicio público” de la telefonía, la televisión por cable e internet y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de año. Evidentemente, esto último es un paliativo, pero no resuelve ni de lejos el problema de los millones que siguen sin acceder a la conectividad. Mientras tanto, en los últimos meses se dejaron correr los aumentos de estos servicios que les permitieron, y les permiten, ganar millonadas a estas empresas, todos monopolios transnacionales como Telefónica, Telecom y Claro, o grandes grupos nacionales como Clarín. Empresas que ya están amenazando con que “se van a frenar las inversiones” y “se verá deteriorada la calidad del servicio”. Demostrando que, si se quiere terminar de una vez con los privilegios de estos monopolios y garantizar de verdad el acceso a telefonía, el cable e internet para todos, la única salida pasa por la reestatización de estas empresas bajo control de sus trabajadores.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que, ante toda esta realidad, el desastre sanitario y el aumento de la miseria, los despidos y la pulverización de salarios y jubilaciones, es más necesario que nunca un programa de emergencia ante la crisis. Hay que implementar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa y romper con el FMI para así poder otorgar un ingreso mensual de 30.000 pesos a toda familia que lo necesite, poner en marcha todo el equipamiento sanitario, en personal y recursos, para atender la pandemia del Covid-19 y resolver todas las urgentes demandas del pueblo trabajador. Mientras seguimos luchando día a día contra el ajuste, proponemos esta salida.
