Escribe Adolfo Santos
Insensible, el gobierno peronista de Axel Kicillof insiste en la tesis de desalojar por la fuerza a las familias que intentan resolver el problema de la falta de viviendas en Guernica. Después de meses de haber ocupado terrenos baldíos, más de mil humildes familias continúan sin recibir una solución por parte de las autoridades provinciales. En vez de eso, todo este tiempo el gobierno ha preferido maltratarlas con amenazas de desalojo y represión, como si la cuestión de la vivienda fuera un tema policial y no un grave problema social que afecta profundamente a los sectores más vulnerables.
Pero gracias a la firme voluntad de los ocupantes, al papel solidario de varias organizaciones sociales y de derechos humanos y a los partidos de izquierda, como los que integramos el FIT-Unidad, la toma se viene manteniendo. Esa firmeza ha obligado al gobierno a tener que sentarse a negociar soluciones, aunque lo ha hecho con propuestas parciales e insuficientes. Mientras tanto, continúa con una campaña de descrédito contra la ocupación alegando que la mayoría ya se retiró y que las que quedan no son más de doscientas familias fogoneadas por la izquierda.
No es esa la realidad. Un censo interno realizado el viernes 16 por los propios vecinos constató la existencia de 1.350 familias en el lugar. El gobierno sabe de eso y lo que significa semejante volumen de gente, por eso ha comenzado a hacer ofrecimientos en diversos asentamientos. En la reunión del jueves 15 ofreció 2,5 hectáreas, un poco más de dos manzanas, para que tomaran posesión definitiva ochenta familias, aunque no indicaron dónde están esos terrenos, y el resto de los ocupantes serían derivados a diferentes predios de forma provisoria. La propuesta fue analizada en una reunión el sábado 17 y rechazada por insuficiente.
Frente a esa postura, el gobierno se vio obligado a mejorar su ofrecimiento y a las 2,5 hectáreas le agregaron 5 hectáreas más, aunque de forma provisoria, no definitiva, para que acampen unas doscientas cincuenta familias en pequeños espacios de 7x7 metros y así abandonen la toma de Guernica. Este asentamiento provisorio sería por unos seis meses, mientras buscan otra solución. Pero ese ofrecimiento, además de no dar seguridad de una futura regularización, deja afuera a más de mil familias, por lo que tampoco significa una solución.
Por eso la situación continúa indefinida en medio de un prolongado sufrimiento de grupos integrados por niños y niñas viviendo en condiciones infrahumanas y que, sacados de ahí, no tienen adónde ir. Este fin de semana organismos de derechos humanos, como el CELS, Serpaj y sectores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, iniciaron un nuevo censo para establecer la verdadera población existente en el lugar. El lunes 19 la fuerte lluvia y el mal tiempo impidieron la continuidad del mismo, sin embargo, hasta ese momento se llevaban registradas ochocientas familias y aún quedaban muchos sectores por recorrer.
Exigimos que el gobierno peronista ponga fin a las amenazas de desalojo y represión y busque una solución consensuada y definitiva. El peronismo ha gobernado la provincia 28 de los 32 últimos años y conoce perfectamente la gravedad de este problema, por eso no puede seguir dilatando con propuestas insuficientes. No son más importantes dos supuestos propietarios, “flojos de papeles”, que más de mil familias trabajadoras castigadas por una crisis económica que no provocaron. Tenemos que seguir apoyando lo que decidan las asambleas de los vecinos. A la vez que, desde el conjunto de las organizaciones populares, continuamos aportando a la campaña de solidaridad, mientras exigimos una solución definitiva. A eso nos comprometemos desde Izquierda Socialista.
