Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop
Esta semana nuestro país llegó al millón de contagiados por el nuevo coronavirus, alcanzando el sexto lugar después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. La Nación, del 19 de octubre, se hace eco de un segundo récord argentino, somos “desde hace un mes el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho”. Mientras en la Argentina la pandemia continúa extendiéndose, en Europa se vive una segunda ola de Covid-19 de cuya gravedad dan cuenta las severas medidas de aislamiento tomadas en España y el insólito toque de queda en Francia.
Europa, un sistema público de salud devastado
Las dos oleadas de la pandemia han hecho visible cómo se han ido destruyendo el sistema público de salud y las políticas de seguridad social, preciadas conquistas de los trabajadores europeos en la posguerra. Suecia, que representa en el imaginario popular lo más avanzado en el terreno de las políticas sociales, nos brinda un ejemplo de la descomposición que la dinámica mercantil ha impuesto al sistema de salud.
Attendo es una empresa privada que cotiza en Bolsa, con ganancias superiores a los 1.300 millones de dólares anuales. Es el mayor operador de residencias de ancianos en Suecia desde que el gobierno comenzó a privatizar su sistema de salud. En los establecimientos de su propiedad y gestión rige, como en cualquier empresa comercial, el principio del lucro. Por lo tanto, en los turnos nocturnos y los fines de semana hay una sola enfermera, sobrecargada de obligaciones y con el lógico deterioro en la calidad del servicio. La sed de ganancias de los accionistas de Attendo hace que los trabajadores de la salud de la empresa carezcan de los elementos de protección personal adecuados en cantidad y calidad. La empresa les proveía “máscaras de cartón como las de los pintores de casas” (Clarín, 9/10).
Las directivas generales vigentes en Estocolmo, cuando comenzó la pandemia, orientaban a los médicos a indicar cuidados paliativos a los pacientes geriátricos sin examinarlos ni pedir estudios. Se renunciaba de antemano a salvarles la vida, pero se preservaban las ganancias de las empresas prestadoras de servicios de salud. Durante lo peor del brote inicial, se negó el acceso a los hospitales a los ancianos que provenían de residencias geriátricas. Es que en las dos últimas décadas Suecia ha reducido sustancialmente su capacidad hospitalaria y la pandemia puso al rojo vivo este desmantelamiento. El resultado ha sido que entre las casi seis mil muertes vinculadas al coronavirus en Suecia más de 45% corresponden a los ciudadanos más vulnerables del país, los que viven en asilos. Una verdadera tragedia humanitaria en aras de la sacrosanta ganancia capitalista.
Política sanitaria o ganancias de las empresas
Es tan evidente la situación de desigualdad social que los observadores más lúcidos de la profesión médica llaman la atención sobre ella. Richard Horton, editor jefe de la prestigiosa revista médica británica The Lancet, escribe en el ejemplar del 26 de septiembre que el Covid-19 interactúa con otras enfermedades no contagiosas en un contexto social y ambiental caracterizado por una profunda inequidad social. Agrega que la vulnerabilidad de los ancianos, los miembros de minorías étnicas y trabajadores esenciales que comúnmente son mal pagos y con deficientes servicios sociales muestran que “por más efectiva que pueda ser una medida epidemiológica de protección o una vacuna, una solución puramente biomédica fracasará”. Los gobiernos deben desarrollar políticas y programas que reviertan esas profundas disparidades “si no nuestras vidas nunca estarán seguras frente al Covid-19”.
Nosotros agregamos, como venimos diciendo desde El Socialista, que no se puede avanzar en la lucha contra la pandemia sin tocar las ganancias del capital. El aislamiento preventivo, sea o no intermitente, sea parcial o total como aconsejen los expertos, no se puede garantizar sin un sueldo de 40.000 pesos para los afectados. Para testear y rastrear la circulación del virus se debe disponer de tecnología, reactivos y recursos humanos que hay que pagar. Para proteger al personal de salud con los equipos necesarios y pagar un sueldo digno que permita eliminar el poliempleo hay que aumentar el presupuesto para la salud.
Por eso venimos planteando que, para contar con la financiación, es imprescindible crear un fondo de emergencia a partir de un impuesto a las grandes fortunas y no pagar la deuda externa, como propone el FIT Unidad.
