Jan 28, 2022 Last Updated 8:53 PM, Jan 27, 2022

Coronavirus en Tucumán. El fin del relato del gobernador Manzur y la ministra de Salud, Chahla

Escribe Cristian Luna, secretario general del Sindicato Tucumano de Enfermeros (SITE) 

Según datos del Ministerio de Salud Pública, Tucumán registra 50.419 casos positivos y acumula 849 muertes desde el inicio de la pandemia, con el 86% de camas UTI ocupadas. No se contabiliza a familiares y convivientes, lo que elevaría aún más ese número. Entre el personal de salud, casi 4.000 resultaron infectados, 8% aproximadamente, el número más alto del país.

El gobierno tuvo seis meses para prepararse para afrontar la pandemia, sin casos autóctonos. Sin embargo, gastó millones en propaganda y marketing político en lugar de invertir en equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficiente, aumentar el salario al personal de salud que está obligado al pluriempleo para tener un ingreso digno y nombrar personal bajo convenio para evitar la sobrecarga laboral. A esto se suma el congelamiento salarial, con las paritarias suspendidas desde diciembre, y la eliminación de la cláusula gatillo que permitía recuperar algo de lo que se perdió con la inflación.

El gobierno, cómplice del negocio de las empresas de salud privada, deja pasar la violación de todos los protocolos. Hay trabajadores que tienen jornadas extenuantes de dieciséis horas. En estos seis meses pudieron despedir libremente y recontratar de forma precaria, mientras recibían millones del Estado para prepararse para el Covid como, por ejemplo, cuando Manzur les entregó respiradores a los sanatorios.

“No somos héroes”

Los trabajadores de la salud reclaman desde el inicio de la pandemia aumento, pase a planta de los contratados en pandemia y, lo que es central, la declaración de insalubridad para el personal hospitalario.

Residentes

Todo el peso del trabajo en los sectores Covid recae sobre los y las residentes, mano de obra barata, precarizada y disponible las veinticuatro horas. En convocatorias y asambleas que nuclearon a estos trabajadores que reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo, exigen poder realizar rotaciones cada quince días para, de ese modo, lograr algún tipo de descanso ante tanta presión y sobrecarga laboral.

En el hospital Avellaneda, las y los enfermeros reclaman que se terminen la persecución y el hostigamiento por parte de las autoridades del servicio de enfermería y exigen la renuncia de la jefa. Mientras tanto, la burocracia sindical no aparece. Son meses de silencio de ATSA, cuyo secretario general es legislador del PJ provincial. Su última actividad conocida fue la asistencia al cumpleaños de Manzur, violatoria de la prohibición de reuniones sociales. Prohibición que dio vía libre a la policía para perseguir a las poblaciones más humildes, cuyo resultado, hasta ahora, suma cerca de 2.500 detenciones y los asesinatos de Espinoza y Nadal.

En el marco del Día de la Enfermería, el 21 de noviembre, realizaremos una movilización y concentración en la plaza Independencia para que se visibilicen nuestros reclamos reafirmando que “no somos héroes, sino trabajadores de la salud”.

La lucha por nuestras condiciones de trabajo y el salario es también contra la pandemia

La cuarentena como única medida no alcanza, debe aplicarse en función de las necesidades sanitarias y no de las exigencias patronales.

Son imprescindibles otras medidas que recomiendan científicos de todo el mundo y que planteamos desde el comienzo: testear masivamente a la población, rastrear los contagios y aislarlos. Cuidar a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal de calidad adecuada, licencias para los trabajadores en riesgo, completar la dotación de los equipos de salud y aumentar los salarios. Centralizar los recursos, entre ellos los hospitales y camas, laboratorios y medicamentos, sean estatales o privados, para garantizar la igualdad de trato frente a la pandemia. Y sostener a los sectores que deban aislarse abonando un IFE de 40.000 pesos a cada trabajador en cuarentena.

Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad.

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