Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.

Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.

El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.

Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.