Escribe José Castillo

Hace ya varios meses que la inflación se desbocó. La aceleración que se dio en el último trimestre del año pasado, con un diciembre en que llegó a 4%, continuó en el comienzo de 2021. El número de enero volvió a ser altísimo, otro 4%, y mayor aún en muchísimos productos de la canasta familiar. Febrero ya viene también con nuevas subas, proyectándose una inflación promedio anual de entre 45% y 50 por ciento.

Cuando se habla de por qué se da esta escalada de precios, el gobierno de Fernández, en esto también, hace gala de su doble discurso. El ministro Guzmán coquetea con la respuesta del establishment: “Para atacar la inflación hay que equilibrar las variables macroeconómicas”, un eufemismo utilizado para referirse al ajuste, aplaudido a rabiar por los empresarios presentes en la reunión por el acuerdo de precios y salarios.

Pero, y al mismo tiempo, el gobierno no tiene otra que reconocer los “abusos” de los empresarios formadores de precios. En las diversas reuniones con las patronales siempre surge la promesa de limitar los aumentos o “estudiar” cómo evitar que mayores costos se trasladen a los precios. Meras palabras, apenas terminado el encuentro los mismos empresarios presentes envían listas con aumentos a las cadenas de hipermercados, que también agregan “su” propia porción de superganancia. Todo con la vista gorda del gobierno.

Los pulpos monopólicos de los productos de consumo masivo suben los precios y provocan desabastecimiento, escondiendo aquellos que figuran bajo las categorías de “precios máximos” y “precios cuidados”. Por citar un ejemplo, todos los medios difundieron los cortes de carne de Coto a precios populares, que consistían en pura grasa, una vergüenza.

El gobierno del Frente de Todos sigue hablando para la tribuna. También dijo que había que “desacoplar” los precios de los alimentos de los valores internacionales. Para eso amenazó primero con suspender las exportaciones de maíz y luego con incrementar las retenciones. Pero bastó una reunión con la Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias para que “salieran todos contentos”, sin ninguna medida en su contra. Se repitió, corregido y aumentado, lo que había sucedido meses atrás con la amenaza de la expropiación de Vicentin, con la correspondiente marcha atrás.

La semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se “intimó” a once grandes grupos económicos (Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter&Gamble, Paladini y Potigian) por desabastecimiento. Se trató de una mera maniobra. En los hechos, fue apenas una mención administrativa y no está en juego ninguna sanción real ante estos abusos.

Al mismo tiempo, varios de los aumentos están siendo generados por el propio gobierno. Tal el caso de las subas de los combustibles, lideradas por YPF y luego seguidas por el resto de las transnacionales del sector. O la autorización a los incrementos en la medicina prepaga. Y ni qué hablar del tarifazo del gas, que se vendrá en breve, ya que está convocada para el 15 de marzo la audiencia pública.

Todo esto tiene, obviamente, sus consecuencias directas sobre el bolsillo popular. Gran parte de los trabajadores han quedado con ingresos debajo de la línea de pobreza, cuya canasta, según el relevamiento de la  junta interna de ATE-Indec, ya llega a 82.000 pesos. Más aún, un reciente informe reveló que esa cifra asciende a 120.000 pesos para quienes residen en la ciudad de Buenos Aires. Por eso no resulta extraño que una nueva medición de pobreza, considerando ingresos y condiciones de precariedad, alcance al 47% de la población, con 21 millones de personas (datos del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, organismo que depende de la Presidencia de la Nación).

Mientras todo esto sucede, el gobierno de Alberto Fernández habla de que los salarios pueden recuperar este año “3 o 4 puntos” por sobre la inflación. Claro que supone una inflación para todo 2021 de… 29%, ¡una auténtica mentira!, que se utiliza en las reuniones de acuerdos de precios y salarios para que finalmente la variable de ajuste, una vez más, sean los ingresos de los trabajadores.

La salida de fondo contra esta inflación que pulveriza salarios y jubilaciones requiere terminar con la impunidad de los grandes empresarios remarcadores, imponiendo verdaderos precios máximos, que se hagan respetar, sin excepciones, con aplicaciones reales de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a quien lleva adelante estos abusos. Atacando a los reales formadores de precios a lo largo de toda la cadena productiva.

Al mismo tiempo, hay que parar el deterioro del salario y recomponer lo perdido. Por eso hay que reclamar aumentos de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y la reapertura de todas las paritarias, sin techo, con incrementos reajustables mensualmente de acuerdo con la inflación. Para lograrlo hay que exigir a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua y llamen a un auténtico plan de lucha, tal como lo venimos reclamando desde la izquierda y el sindicalismo combativo.